Fue anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Las candidaturas deben ser aprobadas con el acuerdo de dos tercios del Senado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles que el Gobierno enviará al Congreso los pliegos de 150 candidatos a jueces, fiscales y defensores del pueblo. Adorni estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien brindó detalles sobre la propuesta.
“Este Gobierno heredó una situación complicada, con un 30% de vacantes en el Poder Judicial y un 50% en el Ministerio Público Fiscal, lo que hacía muy difícil el correcto funcionamiento del sistema. Es como jugar un partido de fútbol con tres jugadores menos”, explicó Amerio durante la habitual conferencia de prensa.
En un comunicado posterior, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, destacó el esfuerzo realizado por Sebastián Amerio, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, señalando que está llevando adelante “un excelente trabajo”.
Durante la conferencia, Amerio subrayó que todos los candidatos propuestos al Senado “han sido previamente evaluados en cuanto a su idoneidad por el Consejo de la Magistratura“.
Negociaciones en torno a los nombramientos
De acuerdo con fuentes del Gobierno consultadas, los senadores buscaban negociar el nombramiento de la mayoría de estos 150 funcionarios a cambio de aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, propuestos por el Ejecutivo para la Corte Suprema. Sin embargo, el Gobierno rechazó esta propuesta. “Pretendían imponer a la mayoría de los jueces a cambio de sus votos para los jueces de la Corte, lo que sería desestabilizar el sistema. La lista que se filtró es falsa; es un listado del Consejo de la Magistratura”, afirmó una fuente oficial.
La intención del Gobierno es enviar al Senado entre 20 y 25 pliegos de jueces cada día, de modo que en unos ocho días hábiles se habrían remitido casi todos. No obstante, algunos inconvenientes burocráticos y políticos podrían ralentizar este proceso.
Desde el punto de vista burocrático, se requieren ciertos documentos, como las declaraciones juradas y actualizaciones de currículum de los candidatos, y algunos de estos aún no se completaron. Políticamente, la falta de un interlocutor único en el Senado también dificulta las negociaciones necesarias para avanzar con los acuerdos.
Procedimiento de nombramiento de jueces, fiscales y defensores
El proceso de designación de jueces, fiscales y defensores del Pueblo, impulsado por el Ejecutivo, se basa en ternas preparadas por el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y administrar al Poder Judicial, creado con la reforma constitucional de 1994.
Una vez elaborada la terna, esta se envía al Senado, que debe dar su aprobación final. Para que los nombramientos se concreten, se necesita el respaldo de dos tercios de los senadores presentes en la sesión correspondiente.
