En 2024, el gobierno de Javier Milei aplicó un ajuste presupuestario severo, con recortes de más de la mitad en hospitales nacionales y el Instituto Nacional del Cáncer, mientras que áreas de seguridad y deuda no fueron afectadas.
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló drásticos recortes en el presupuesto destinado a sectores clave de la salud y la seguridad social durante 2024, con un ajuste de 55% en hospitales nacionales y el Instituto Nacional del Cáncer. Este informe destaca una caída general de la ejecución presupuestaria en diversas áreas sociales, mientras que se observa un aumento en el gasto de las Fuerzas Armadas y en el pago de la deuda externa.
La subejecución de recursos se volvió particularmente evidente en instituciones clave para el bienestar de la población, como la Superintendencia de Servicios de Salud (-69%), la ANMAT (-21%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-17%). En cuanto al Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que el Gobierno planea cerrar, el recorte interanual es del 25%. En este contexto, la falta de fondos provocó despidos masivos de trabajadores, con más de 1.400 despidos en el sector de salud pública en las últimas horas, dejando a muchos servicios esenciales prácticamente paralizados.
En paralelo, la crisis afecta programas de salud vitales, con recortes en áreas como la prevención de enfermedades transmisibles (como la tuberculosis, que aumentó un 11% desde el año pasado) y el acceso a medicamentos oncológicos. Especialistas y organizaciones sociales advierten que estos ajustes pueden tener consecuencias devastadoras para la salud pública, especialmente en enfermedades críticas y en sectores de la población más vulnerables.
El ajuste también golpeó otros sectores sensibles, como la educación, la ciencia y el desarrollo social. Programas clave como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectar Igualdad experimentaron caídas significativas en su ejecución. En el ámbito social, el programa Potenciar Trabajo sufrió un recorte del 85%, y en el desarrollo productivo, sectores clave como la agricultura y la industria vieron reducciones de hasta el 97% en su presupuesto.
En medio de este escenario, el Gobierno prioriza el gasto en áreas como las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Inteligencia del Estado y el pago de la deuda externa, mientras los sectores más necesitados enfrentan una crisis profunda y creciente. Desde CEPA se concluye que el recorte presupuestario está llevando a la parálisis de programas de alto impacto social, lo que pone en peligro la calidad de vida de millones de personas en Argentina.
