Aunque el Gobierno anunció un incremento en las partidas de educación, el proyecto presentado en el Congreso mantiene los mismos montos de 2025, deroga leyes clave y deja sin obligatoriedad el 6% del PBI para el sector.
El mensaje presidencial destacó que el presupuesto 2026 incluye “aumentos” en salud, educación y discapacidad, pero los números muestran otra situación. El cálculo de 4,7 billones de pesos para universidades nacionales solo actualiza lo percibido hasta diciembre de 2025. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que serían necesarios 7,3 billones para garantizar el funcionamiento normal del sistema.
El artículo 30 del proyecto es central: deroga disposiciones legales que obligaban a destinar el 6% del PBI a educación, a incrementar de manera progresiva la inversión en ciencia y tecnología hasta llegar al 1% del PBI, a sostener el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y al financiamiento del FONDEF en Defensa. Con estas modificaciones, el Estado ya no tendrá la obligación de garantizar esos pisos de inversión.
En el caso universitario, la partida prevista depende de la discrecionalidad del Ejecutivo, ya que el Ministerio de Capital Humano podrá interrumpir transferencias si considera que no se entregó la información requerida en tiempo y forma. Además, los salarios docentes y no docentes continuarían congelados en niveles de 2025, sin recomposición prevista.
Desde la Universidad de Buenos Aires y CTERA alertaron que el proyecto profundiza el ajuste: mantiene salarios por debajo de la línea de pobreza, no contempla becas ni obras de infraestructura, y reduce el financiamiento educativo en relación al PBI, que pasaría de 1,44% en 2023 a 0,75% en 2026. Los gremios docentes ya se declararon en estado de alerta y advirtieron que el Congreso será la última instancia para intentar modificar el esquema.
