La negociación salarial entre la UTA, las cámaras empresarias y el Estado entró en una zona crítica, atravesada por el esquema de subsidios, la falta de homologación y la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los choferes.
La posibilidad de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ganar fuerza luego de que fracasaran las últimas instancias de negociación paritaria. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó el 30 de enero como fecha límite para alcanzar un acuerdo, ante la ausencia de una propuesta salarial que compense el deterioro de los ingresos.
Desde el sector empresario reconocen que la discusión es compleja. El presidente de AAETA, Luciano Fusaro, admitió que “la paritaria viene bastante peleada” y explicó que el conflicto está directamente ligado al esquema de subsidios, ya que el 70% de los ingresos del sistema proviene del Estado y el costo laboral representa cerca del 50% del total del servicio.
Otro punto central es la homologación del acuerdo salarial, condición indispensable para que el aumento pueda incorporarse al cálculo de los subsidios. “Es una negociación a varias bandas: gremio, empresas y Estado”, señalaron desde el sector, al remarcar que sin aval oficial no hay margen para cerrar números definitivos.
Del lado de los trabajadores, la preocupación pasa por la pérdida del poder adquisitivo. Delegados del sector advierten que en los últimos dos años los salarios quedaron muy por detrás de la inflación, con aumentos limitados por la pauta oficial. Aunque la conciliación obligatoria podría postergar un conflicto inmediato, la tensión sigue en aumento y el paro aparece como una posibilidad latente si no hay definiciones en las próximas horas.
