El hijo del expresidente brasileño recibió una pena de cuatro años y dos meses de cárcel, además de una inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos. La Justicia consideró que intentó influir sobre magistrados a través de gestiones ante el gobierno de Estados Unidos.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión por coacciones contra la Justicia. El fallo se relaciona con las gestiones que realizó en Estados Unidos para promover sanciones contra los jueces que investigaban y juzgaban a su padre por la trama golpista que siguió a las elecciones presidenciales de 2022.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal. Además de la pena de prisión bajo régimen semiabierto, los magistrados impusieron una multa equivalente a cien salarios mínimos y dispusieron la inhabilitación inmediata para ocupar cargos públicos durante ocho años. También quedó firme la pérdida de su puesto como empleado de la Policía Federal brasileña.
Eduardo Bolsonaro, de 41 años, se instaló en Washington a comienzos de 2025 alegando que la Justicia de su país podía restringir sus movimientos. Desde allí profundizó sus contactos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Poco después, el gobierno norteamericano anunció sanciones contra magistrados brasileños involucrados en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, una situación que quedó bajo análisis del tribunal.
La condena se produce en un contexto político marcado por las secuelas del intento de revertir el resultado electoral que llevó nuevamente al poder a Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente Bolsonaro ya había sido condenado a 27 años de prisión por su participación en la conspiración golpista posterior a la derrota electoral de 2022.
El fallo representa un nuevo golpe para el entorno político y familiar del exmandatario, que atraviesa una etapa de fuerte desgaste judicial. La resolución también refuerza la posición del Supremo Tribunal Federal frente a las presiones ejercidas desde sectores de la derecha brasileña y sus aliados internacionales durante las investigaciones sobre el intento de ruptura institucional.
