La ingeniera agrónoma y científica del Conicet Virginia Aparicio podría quedar inhabilitada de por vida para trabajar en el Estado. El sumario en su contra comenzó después de que el INTA suspendiera la participación argentina en un proyecto internacional que detectó una mayor presencia de plaguicidas en personas, animales y ambientes rurales que en Europa.
Virginia Aparicio lleva más de 20 años trabajando en la Estación Experimental Balcarce del INTA. Ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet, coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en personas, animales y ambientes de distintos países. Ahora enfrenta un sumario administrativo que podría terminar con la máxima sanción disciplinaria del empleo público: la exoneración, que además le impediría volver a trabajar en el Estado.
La investigación incluyó durante 2021 a más de 70 voluntarios argentinos de pueblos y establecimientos agropecuarios, que aportaron muestras de sangre, orina, materia fecal e hisopados nasales. Los resultados mostraron que los participantes argentinos presentaban entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina y entre 0 y 18 sustancias en materia fecal. En septiembre de 2023, parte de esos resultados fue presentada en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Antes de esa presentación internacional, sin embargo, el INTA había suspendido la difusión pública de los resultados en Argentina. Una reunión virtual prevista para el 21 de junio de 2023 y coordinada por Aparicio fue cancelada una semana antes por orden del entonces director nacional del organismo, Carlos Parera. Meses después, el 7 de diciembre, el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, firmó la Resolución 1081/2023 que puso fin a la participación argentina en SPRINT. Según la reconstrucción citada por Tiempo, la decisión estuvo vinculada con presiones de la Mesa de Enlace.
El conflicto continuó en febrero de 2025, cuando las autoridades del INTA le comunicaron a Aparicio la apertura de un sumario con al menos ocho imputaciones. Entre ellas aparecen el supuesto ocultamiento de información a sus superiores y un presunto perjuicio económico y material para el Estado. Su abogado, Mario Bolla, rechaza ambas acusaciones y sostiene que Aparicio informó cada paso del proyecto a sus superiores y que el INTA no destinó fondos propios a SPRINT, ya que los recursos provinieron de Europa y fueron rendidos.
La defensa también vincula el caso con el Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina desde 2021, que establece obligaciones estatales en materia de democracia y acceso a la información ambiental. Para Bolla, los resultados del proyecto constituían información relevante sobre los riesgos asociados al uso de plaguicidas y la persecución contra la investigadora representa un incumplimiento de esas obligaciones.
La situación generó además el respaldo de APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA, que reclamó libertad y transparencia para la investigación científica y recordó tanto la suspensión de la presentación de los resultados como el cierre de la participación argentina en SPRINT. Organizaciones científicas y ambientales también impulsaron un pronunciamiento en apoyo de Aparicio y cuestionaron que la investigación pueda derivar en una sanción contra quien estuvo a cargo del trabajo.
Mientras tanto, Aparicio continúa asistiendo todos los días a la Estación Experimental Balcarce. “Con la exoneración no me quitan una vía laboral, me quitan mi identidad”, afirmó. La investigadora asegura que recibió propuestas de trabajo desde el exterior, pero reivindica su vínculo con la ciencia pública argentina: “Acá me formaron, ¿se lo vamos a regalar a otro?”.
