El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo había condicionado la entrada en vigencia de la norma y ordenó girar los fondos previstos y actualizar los salarios docentes y no docentes.
La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno de Javier Milei había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo ponerla en vigencia de manera inmediata. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la UBA y organizaciones sindicales docentes.
El conflicto se originó después de que el Congreso insistiera con la ley con una mayoría de dos tercios. Frente a esa situación, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la norma a que el Parlamento determinara de dónde surgirían los recursos para financiarla.
Para Cormick, ese mecanismo constituye una vía “extraconstitucional”, ya que el Poder Ejecutivo no puede utilizar un decreto para impedir la aplicación de una ley que fue ratificada por el Congreso. El magistrado también señaló que el Ministerio de Capital Humano ya había incumplido una medida cautelar anterior vinculada con la norma.
La Ley 27.795 establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades y dispone la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor (IPC). Según el cálculo citado en la resolución judicial, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de implementar la ley equivale al 0,23% del PBI.
Cormick también cuestionó el argumento de falta de recursos utilizado por el Ejecutivo al señalar que, en otras oportunidades, el Gobierno realizó reasignaciones presupuestarias de manera discrecional. Con su fallo, ordenó avanzar de forma urgente con las partidas contempladas por la ley y con la actualización salarial prevista para el sector universitario.
