El Senado debate cambios en la norma que protege reservas estratégicas de agua dulce. Especialistas advierten que modificar los criterios de protección podría habilitar actividades extractivas en zonas sensibles.
El Senado comenzó a debatir la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para establecer presupuestos mínimos de protección sobre glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La discusión reactivó cuestionamientos de científicos y organizaciones socioambientales, que alertan sobre el impacto que podrían tener los cambios en regiones áridas del país.
La ingeniera agrónoma Laura Isla Raffaele, docente de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que la iniciativa “pone en riesgo uno de los marcos legales de protección hídrica más importantes del país”. Según explicó, los glaciares almacenan agua en forma de hielo y la liberan en períodos secos, sosteniendo ríos, poblaciones y economías regionales. Sin esos aportes, advirtió, amplias zonas no podrían sostener su actividad productiva.
El proyecto en debate redefine qué cuerpos de hielo quedarían protegidos y traslada a las provincias la potestad de determinar su inclusión en el inventario, desplazando el rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del CONICET. Para Isla Raffaele, esa modificación implica “un riesgo elevado”, ya que las autoridades provinciales podrían priorizar intereses económicos vinculados a la expansión minera.
Desde su sanción, la ley enfrentó resistencias del sector extractivo porque prohíbe actividades mineras en zonas con cuerpos de hielo y suelos asociados. La especialista afirmó que la reforma apunta a flexibilizar esas restricciones y recordó que los efectos sobre los glaciares exceden los límites políticos provinciales. “El agua es un recurso vital y estas reservas tardaron miles de años en formarse. Si se destruyen, no hay forma de recuperarlas”, advirtió.
