Pasadas las 13.30 enfrentaron la condena a un año de prisión en suspenso por tenencia ilegítima de un documento de identidad. El juicio volvió a reunirlos a nueve meses del atentado contra la vicepresidenta. Crónica de una audiencia en ella lo trató de “ex” y él de “Uliarte”. El traspié de la convivencia, 100 mil pesos y cinco celulares.
A Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte se los ve tan desaliñados como cuando fueron detenidos por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Él lleva un pantalón descosido, incluso en medio de la parte trasera. Ella, un jogging rosa gastado que le queda inmenso. Ambos tienen un abrigo —casual coincidencia— color bordó debajo del chaleco antibalas. Esta vez no fueron llevados a Comodoro Py sino al Tribunal Oral Federal 5 de San Martín donde la semana pasada había comenzado un juicio que los hizo volver a verse cara a cara después de nueve meses y medio en prisión. Se los acusaba de tenencia ilegítima de un documento de identidad que pertenecía a otra persona, que había sido secuestrado en el segundo allanamiento al monoambiente que alquilaba Sabag en la localidad de San Andrés, tras el atentado a CFK. Pasadas las 13.30 de ayer jueves los dos enfrentaron su primera condena a un año de prisión en suspenso.
Los dos llegaron desde el penal de Ezeiza al pequeño edificio de este tribunal bonaerense en camionetas separadas del Servicio Penitenciario Federal. Quedaron rodeados de un gran despliegue de policías federales y gendarmes que apenas cabían en el lugar. Sabag entró con casco a la sala de audiencias y allí se lo sacaron. A Brenda ya se lo habían quitado antes. Le tapaba casi por completo la visión. A ambos los dejaron estar sin esposas. Ella tenía el pelo revuelto, con rastros del naranja con el que se había teñido antes de ir presa. Quedaron sentados de espaldas a las ventanas que daban a la calle acompañados de sus defensores. Sabag en una punta, con el defensor oficial Leonardo Miño y Brenda en la otra, con Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla. No cruzaron ni una mirada.
100 mil pesos, 5 celulares y un DNI
Brenda mencionó a Sabag como un “ex”. Él la nombraba como “Uliarte” y, al igual que cuando tuvo que declarar por el ataque a CFK ante María Eugenia Capuchetti, buscó desvincularla. Se mostraron con ganas de decirle algo al tribunal, en este caso un proceso unipersonal a cargo de Héctor Sagretti. Un caso bastante absurdo por la discusión en juego para semejante despliegue, más aún si se piensa en lo que les espera en la causa por intentar matar a la Vicepresidenta, elevada a juicio oral esta semana. En cualquier otra circunstancia, el documento podía ser un juicio abreviado.
Al presentarse en su indagatoria Brenda, de 23 años, contó que antes de ser detenida cursaba el Ciclo Básico Común para la carrera de Medicina y que trabajaba los fines de semana como vendedora ambulante en la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que ganaba 100 mil pesos por día, lo que generó sorpresa entre los presentes. “¿100 mil?”, quiso ratificar el fiscal Carlos Cearras. “Iba a veces a la casa de mi expareja pero no vivía ahí —relató la joven— si bien mantenía un vínculo con Sabag yo iba y venía de la casa. Tenía ahí una computadora y algo de ropa. Del DNI no estaba al tanto, me enteré cuando me llegó la causa”, explicó, y señaló que su casa era en San Miguel. El juez le preguntó si quería decir algo más. “Quería saber…”, arrancó Brenda y se contuvo. “No, mejor no”, cerró su primera participación.
Sabag Montiel tiene ahora 36 años. Contó que cursó hasta tercer año de Ciencias Económicas. Dijo que antes de caer preso trabajó de remisero con sus propios autos y para otra persona, que tenía un departamento en alquiler que le daba 60.000 pesos mensuales y que, además, vendía algodón de azúcar en la calle durante los últimos cuatro meses. “Encontré el documento unas semanas antes de mi detención. Jamás le comenté a Uliarte. Era algo fuera de interés. Decidí buscar al dueño pero el documento no tenía el domicilio”, dijo. Ahí se puso a contar una anécdota de otra ocasión en que una chica que viajaba en su auto con amigas se dejó el documento y él se lo llevó a la casa. “No le cobré nada”, quiso aclarar.
Con el DNI del juicio fue distinto. Lo encontró en el piso, en la calle —precisó— debajo del puente de Avenida de los Constituyentes y General Paz. “Me lo puse en el bolsillo y tomé el colectivo. Después busqué en Facebook quién era la persona pero no lo encontré”, repasó. Acto seguido se embrolló cuando comentó que sabía que el dueño vivía en Tigre y que pensaba que tampoco se hubiera ido hasta allá a devolverlo “por la lejanía”.
Como si estuviera en una charla de café, Sabag le preguntó al juez: “¿Es válido que un documento no tenga domicilio?” E insistía en que todos los DNI lo tienen. El magistrado le dijo que él no podía preguntar, que estaba en medio de la indagatoria.
–¿Dónde lo tenía guardado?–, le preguntó el fiscal.
–En una gaveta marrón. Es un mueble chiquito donde tenía cinco celulares –contestó.
Testigos, discrepancias y contradicciones
Así como estuvieron de acuerdo en que Brenda solo dormía cada tanto en el monoambiente de la calle Uriburu 727/29 que alquilaba el hombre que intentó matar a Cristina, tuvieron una gran discrepancia entre ellos ante la pregunta sobre cuándo se conocieron. La mujer dijo que había sido en abril del año pasado y que estaban de novios desde agosto, alrededor de un mes antes del atentado. “Nos conocimos en una fiesta en Provincia. No nos veíamos con tanta frecuencia”, señaló.
Pero cuando le hicieron la misma pregunta a Sabag Montiel, aseguró que se conocían desde hacía siete años y que, también, el contexto había sido una fiesta “en zona Sur”. “Tuvimos una amistad esporádica”, trató de justificar. Uliarte se tapó la cara e intentó hacerle un comentario a su abogado. Su defensora, Mansilla, después haría notar que de ser así se habrían conocido cuando Brenda tenía 14 años.
Por el tribunal pasaron tres testigos. Estuvo el dueño del DNI, Francisco Antonio Almada. Con cierto fastidio por tener que estar ahí contó que había perdido toda la billetera con sus documentos en 2018 en un recital de Divididos en el Hipódromo de Palermo. En un momento se dio cuenta de que le faltaba todo. “Hice el DNI nuevo y me olvidé”, sostuvo. Para responder al enigma del domicilio explicó: “Mi domicilio era en el Delta del Tigre, en una isla. Todo lo que tenía que ver con el delta no tenía direcciones. Se identificaba por el arroyo y el muelle”. Obsesionado, Sabag pidió ver el documento. Al testigo, un joven de campera oscura y pantalón beige, se lo veía ansioso por retirarse.
También tuvo que dar testimonio el dueño del monoambiente, Sergio Osvaldo Parodi, que vive justo adelante. Dijo que tiene propiedades en alquiler. A Brenda, puntualizó, la había empezado a ver desde quince días antes del atentado. Sabag alquilaba desde hacía ocho meses. Había llegado recomendado por otros inquilinos y el alquiler era informal, sin contrato pero pedía un recibo de sueldo. Por último declaró un subinspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que llevó adelante el allanamiento en la propiedad en cuestión el 7 de septiembre último. A diferencia de Sabag, dijo que encontró el documento en medio de un revoltijo de cosas. Describió un gran desorden en el departamento, que quedó reflejado en el acta del procedimiento.
Tanto Brenda como Sabag usaron sus últimas palabras. “Me parece totalmente injusto que me condenen, yo nunca vi o toqué ese DNI”, se quejó. Luego agregó una frase que no estaba destinada a ayudarla: “No sabía que se hallaba en esa casa. Es más, tenemos una empleada doméstica que iba a limpiar tres veces por semana y tampoco sabía”. La frase era una patada en contra después de haber negado la convivencia. Sabag se enroscó largamente entre palabras rebuscadas para decir que por “las condiciones del documento no podía darle un uso ilegítimo (…) no es algo de lo que pudiera sacar provecho”.
El fiscal Cearras pidió un año y seis meses de cárcel efectiva. Las defensas postularon la absolución. El juez Sagretti, amable, de barba y sin corbata, después de un cuarto intermedio que duró hasta las 13.30 les anunció una condena de un año en suspenso. Los acusados quedaron en la sala con sus abogados y poco después salieron con las esposas y los cascos puestos.
FUENTE: Página 12.