BRINDIS Y FESTEJO TRAS LA APROBACIÓN DE LA PENA DE MUERTE PARA PALESTINOS EN ISRAEL

La ley votada por el Parlamento israelí desató un fuerte rechazo internacional: organismos de derechos humanos, la ONU y gobiernos europeos denunciaron su carácter discriminatorio y su violación del derecho internacional.

La ley votada por el Parlamento israelí desató un fuerte rechazo internacional: organismos de derechos humanos, la ONU y gobiernos europeos denunciaron su carácter discriminatorio y su violación del derecho internacional.

La aprobación de la ley que habilita la pena de muerte para palestinos fue celebrada por sectores de la ultraderecha israelí con escenas de brindis y festejo político, encabezadas por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los principales impulsores del proyecto. La norma, sancionada tras una extensa sesión parlamentaria, prevé la aplicación del ahorcamiento en tribunales militares de Cisjordania, con procedimientos secretos, condenas por mayoría simple y sin posibilidad de apelación. El oficialismo liderado por Benjamin Netanyahu respaldó la iniciativa junto a partidos aliados y sectores de la oposición.

El texto establece formalmente que la ley rige para toda la ciudadanía, pero en la práctica se aplica a quienes atenten contra la existencia del Estado de Israel, una formulación que, según especialistas, excluye de hecho a ciudadanos israelíes y la restringe a acusados palestinos. Además, limita la discrecionalidad judicial, habilita ejecuciones sin publicidad y endurece las condiciones de detención, consolidando un esquema de justicia diferenciado entre tribunales civiles —para israelíes— y militares —para palestinos en territorios ocupados—.

La reacción internacional fue inmediata. La ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa cuestionaron la ley por su carácter discriminatorio, su crueldad y su incompatibilidad con el derecho internacional. Organizaciones como Adalah y el Centro Palestino de Derechos Humanos advirtieron que la medida institucionaliza prácticas de ejecución estatal y profundiza un sistema de desigualdad jurídica, por lo que anticiparon acciones judiciales. Desde Europa también alertaron sobre un alejamiento de Israel de los estándares internacionales, mientras crecieron los llamados a intervenir para frenar la implementación de la norma.

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