Un informe reveló en detalle los alcances de los recursos que aporta el Estado al sector educativo de gestión privada. Cómo se fue moviendo la línea de cobertura en medio de la crisis económica.
En la campaña para las elecciones 2023, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, adelantó que aplicará una política de “vouchers” para la educación. El tema generó cruces y se suscitó un acalorado debate sobre el gasto público y el financiamiento en materia educativa, en instituciones públicas y privadas, para todos los niveles.
A pocos días del balotaje, el tema no pierde vigencia, puesto que se articuló sobre este una polémica respecto a cuántos recursos dedica el Estado a la educación pública y al financiamiento, a través de subvenciones, a la educación privada. Al respecto, se publicó un informe realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación (AE), en el que se pone el foco sobre el financiamiento en este área.
Bajo el título “Subvenciones a la educación privada: ¿para qué y para quiénes?”, AE puso sobre la mesa una serie de datos y precisiones sobre cómo se determina el reparto de recursos, a partir del presupuesto educativo, el cual está determinado por la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006.
Educación privada en Argentina: cómo se financia y qué aportes hace el Estado
En Argentina, el sistema de subvenciones al sector privado se reglamentó por primera vez en 1947 con la sanción de la ley Nº13.047. El otorgamiento de los recursos quedaba sujeto en cada caso a la aprobación del Poder Ejecutivo, cuya decisión debía fundarse “en las características financieras de cada establecimiento, y demás circunstancias que determinen su funcionamiento” (ley Nº 13.047).
Tras sucesivas modificaciones, el sistema adquiere su forma actual con el decreto Nº 2.542 de 1991, vigente hasta la actualidad. El decreto destaca la necesidad de asegurar a las familias la posibilidad de elegir escuela y facilitar el acceso mediante el financiamiento público a la oferta privada. Asimismo, la norma planteó una clasificación de los establecimientos de gestión privada según estos percibieran o no aranceles de las familias (artículo 5º).
Así, los establecimientos privados gratuitos pertenecientes a entidades de bien público sin fines de lucro podrían recibir hasta el 100% del gasto en salarios docentes en concepto de subvención estatal; por su parte, aquellos que cobraran aranceles, fueron categorizados en tres grupos con la posibilidad de acceder, según el caso, a un porcentaje diferente de subvención (Categoria A, el 80%; Categoria B, el 60%; y Categoría C, el 40% de subvención).
Financiamiento a la educación privada: el impacto social de los aportes del Estado
El reporte toma como punto de partida del análisis la cantidad de alumnos que asisten a escuelas de gestión privada, con subvención estatal. A partir de allí, detectó cómo es la distribución por nivel socioeconómico de los alumnos de cada sector de gestión y el presupuesto que se destina a cada uno. Se trata de dar luz y claridad sobre un tema crucial, que ha generado debates durante toda la campaña, respecto a los gastos del Estado.
En consecuencia, si se toma como referencia por caso a dos alumnos, uno que va a escuela pública de gestión privada subvencionada y otro a la escuela pública, el Estado le destina 55 pesos al primero y 100 pesos al segundo. En el nivel secundario, el financiamiento público implica el 98% del costo de un alumno del decil más pobre mientras que ese aporte representa el 48% para cada alumno del porcentaje más rico.
Según el informe de AE, el 22% de los estudiantes del país asiste a escuelas de gestión privada con subvención, mientras que el 73% asiste a escuelas de gestión estatal/pública, mientras el 5% a escuelas privadas sin subvención. Aquí se contemplaron a los estudiantes de todos los niveles, desde sala de 3 hasta el final de la secundaria.
Uno de los autores del informe, Mauro Moschetti, indicó: “La política de subvenciones a la educación privada en Argentina tiene varios problemas entre los que se destacan dos fundamentales. Primero, los objetivos que persigue son difusos, y sin objetivos claros, es difícil analizar sus efectos y juzgar su eficacia. Por otra parte, la asignación de subvenciones se decide sobre la base de criterios poco precisos”
Según Moschetti, hay algunos interrogantes que sirven para profundizar qué pasa con las subvenciones en educación en el país: “¿Busca posibilitar que las familias de bajos ingresos accedan a escuelas privadas? ¿Son, por el contrario, sus destinatarios las clases medias que optan por educación privada?”, planteó.
“El informe aborda, con muchos datos, uno de los temas más espinosos y menos informados de la educación argentina: los subsidios a la educación privada”, aseguró Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo. “Muestra distintas aristas de los aportes del Estado a las escuelas de ese sector”, agregó.
Sin embargo, señaló Morduchowicz, “todavía nos falta mucho para saber a quiénes y por qué se otorga ese financiamiento a los establecimientos privados”, como así también “faltan estudios que indaguen cuánto pagan las familias por la educación de sus hijos”, advirtió.
Cuáles son las provincias que más recursos transfieren a la educación privada
Las tres jurisdicciones con más proporción de alumnos en el sector privado subvencionado son CABA (39%), Córdoba (29%) y Buenos Aires (26%). En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut (ambas con 9%). De este modo, los datos del informe muestran que las escuelas de gestión estatal, de todo el país, reciben a los alumnos de menores niveles socioeconómicos. A su vez, las escuelas privadas con subvención reciben, en su mayoría, a alumnos con menor nivel socioeconómico que las escuelas de gestión privada sin subvención.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires AIEPBA sostiene: “Como sociedad nos debemos el debate acerca de por qué sólo 12,5% de los fondos públicos se invierten en escuelas de gestión privada cuando es la opción menos costosa para el Estado en términos de uso de recursos por alumno. Al mismo tiempo cumple el doble propósito de asegurar a las familias el acceso a cuotas moderadas y a los docentes el nivel de salario mínimo determinado por cada jurisdicción”.
Los datos que revela el informe de AE son contundentes: entre 2018 y 2021, 12 distritos aumentaron la proporción del presupuesto educativo destinado a transferencias al sector privado (subvenciones), mientras que otros 12 lo redujeron. Los mayores incrementos fueron en San Luis (+3,4 puntos porcentuales), Santa Cruz (+2,5 pp), Entre Ríos (+2,1 pp) y Jujuy (+1,6 pp). Las mayores reducciones fueron en Córdoba (-1,3 pp), La Pampa (-1,0) y Salta (-0,9 pp).
En cuanto a las provincias que más invierten por alumno, en el sector de escuelas privadas subvencionadas, son Santa Cruz (114 pesos por cada 100 destinados a alumnos de escuelas estatales), Santiago del Estero (99) y Misiones (97), son las que encabezan la tabla, según los últimos datos disponibles de 2021. Por otro lado, las que menos invierten proporcionalmente por cada alumno son Salta (42), CABA (41) y Tierra del Fuego (38).
Para Verónica Gottau, investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, “aumentar la proporción del presupuesto provincial que se destina a las transferencias al sector privado reduce el gasto estatal en educación porque implica que una parte de los gastos en educación la asumen las familias. Así, por ejemplo, en vez de invertir 100, el Estado invierte 60 y los restantes 40 los financia cada grupo familiar”, argumentó.
Por eso, agregó Gottau, “el Estado con menos plata educa a más alumnos”, por lo tanto, “si con menos hacés más, entonces el sistema es eficiente. Esto permite diversificar la oferta escolar. Sin embargo, el costo es la segmentación”, expresó.
Distribución de recursos: ¿favorece a la equidad educativa?
Otro especialista, Jason Beech, profesor de la Universidad de Melbourne (Australia) y de la Universidad de San Andrés, dejó en claro que “el sistema de tres sectores (público, privado subvencionado y privado sin subvención) contribuye a la segregación social de las escuelas en base al nivel socioeconómico de las familias y no solo a la reproducción intergeneracional de la desigualdad, sino incluso a la ampliación de las diferencias”.
En ese sentido, “en una sociedad en la cual la desigualdad ha crecido tanto en las últimas décadas, las políticas educativas y la inversión pública debieran estar orientadas a promover mayor igualdad y que las escuelas sean un espacio de encuentro para contribuir a la cohesión social”, afirmó Beech.
Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, analiza el aspecto de los aportes del Estado a la educaicón privada y sus efectos. “El aporte público al sistema de escuelas privadas tiene como función reducir el costo de la matrícula de un bien social y obligatorio como es la educación. La dinámica que el modelo de financiamiento ha tomado se alinea con los principios de equidad vertical, más ayuda a quienes más necesitan. De hecho, cuanto menor el nivel de ingreso de la familia, mayor ayuda pública, sea a través de la utilización del sistema estatal de escuelas o de privadas que reciben mayor financiamiento por parte del estado”, esgrimió.
Luego, Rabossi hizo referencia a lo que ocurre en el sector universitario público: “El sistema universitario público y gratuito, al que asiste el 80% de la totalidad de los alumnos que continúan estudios en este nivel, se encuentra sobreutilizado por estudiantes de mayor poder adquisitivo. De hecho, el 52,3% de los jóvenes del decil de mayores ingresos realiza estudios superiores contra solo el 17,5% del más bajo decil. En términos de equidad en la utilización del presupuesto público, se observa así una cierta inequidad, hecho que se presenta como una oportunidad para repensar el sistema de financiamiento con miras hacia uno que busque una mayor progresividad distributiva”, sostiene Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
Los principales puntos del informe son:
- El 73% de los alumnos asiste a escuelas de gestión estatal, desde sala de 3 hasta el último año de la secundarias.
- CABA (39%), Córdoba (29%) y Buenos Aires (26%) son los tres distritos con mayor proporción de alumnos en el sector privado subvencionado. En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut, ambas con 9%.
- Existe una mayor proporción de matrícula en escuelas privadas subvencionadas en los deciles más ricos, mientras que en los deciles de menor nivel socioeconómico la mayoría asiste a escuelas de gestión estatal.
- En el decil 1 (el 10% más pobre de los que asisten a la secundaria), el 95,1% van a escuelas de gestión estatal y 4,6% a escuelas privadas subvencionadas. En el decil 10 (el 10% más rico) el 7% van a escuelas de gestión estatal, 74,3% a escuelas de gestión privada subvencionada y el restante 18,7% a escuelas privadas sin subvención.
- El financiamiento público es del 98% del costo de un alumno del decil 1, mientras que en el decil 10, este aporte representa el 48%.
FUENTE: Ámbito Financiero.
