Las autoridades sanitarias confirmaron 96 fallecimientos vinculados al opioide adulterado, aunque nueve casos siguen bajo análisis. Más de 100 mil ampollas contaminadas fueron incautadas antes de su uso.
Las muertes relacionadas con el fentanilo contaminado en Argentina llegaron a 96, según datos oficiales. Sin embargo, la cifra podría modificarse ya que nueve fallecimientos en Bahía Blanca aún están en revisión por dudas sobre su origen. Las pericias buscan establecer si todos los casos se vinculan al mismo lote adulterado.
El martes, el Ministerio de Salud confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas distribuidas en el país. Se trató de más de 100 mil dosis que contenían las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae. Según el reporte oficial, ninguna de ellas llegó a ser administrada a pacientes y, por lo tanto, ya no habría unidades contaminadas en circulación en hospitales públicos o privados.
En el marco de la investigación, el 8 de agosto se realizó un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas. Paralelamente, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Gobierno para conocer qué controles ejercieron sobre los laboratorios productores del opioide y cuál fue el accionar de la ANMAT y del Ministerio de Salud ante el brote.
El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, advirtió que esta sería “la peor intoxicación medicamentosa desde la creación de la ANMAT” y reclamó explicaciones urgentes. Por su parte, el diputado Pablo Juliano comparó la magnitud de la tragedia con hechos como la tragedia de Once y el atentado a la AMIA, cuestionando que “no haya responsables identificados en la cadena de compra y distribución”.
El pedido legislativo solicita datos detallados sobre casos confirmados, sospechosos y fallecidos, discriminados por jurisdicción y condición clínica; la cronología de detección del brote; las medidas de control y retiro de los lotes; y el listado de expedientes e inspecciones a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. desde marzo de 2020. También exige conocer el porcentaje de stock recuperado y las instituciones de salud donde podría quedar material en circulación.
