La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), a través de una nueva resolución, busca «simplificar y desburocratizar» los trámites para usuarios de armas de fuego, eliminando el pago anual y extendiendo la vigencia de las inscripciones.
El Gobierno Nacional implementó cambios significativos en la normativa que rige a los usuarios de armas de fuego en Argentina. Mediante la Resolución 77/2025 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), publicada en el Boletín Oficial, se eliminó la tasa anual obligatoria y se extendió a cinco años el plazo de vencimiento de las inscripciones.
La medida, firmada por el director de la ANMAC, Juan Pablo Allan, establece una vigencia de cinco años para las inscripciones de fabricantes de armas de uso civil, de uso civil y uso civil condicional, de municiones, de materiales de usos especiales, talleres de armado y de reparación de vehículos blindados, verificación y repotenciación de instalaciones blindadas y de vehículos blindados, y recargadores comerciales de munición.
Además, el artículo dos de la resolución suprime el pago de la tasa anual para los legítimos usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro. Estos usuarios solo tendrán la obligación de informar a la ANMAC, dentro de los 30 días, cualquier modificación en los requisitos cumplidos al momento de su inscripción.
Es importante destacar que las normas para los usuarios comerciales del rubro importador y transportistas se mantendrán sin modificaciones, ya que sus competencias no corresponden a la ANMAC.
La Resolución fundamenta estas modificaciones en la necesidad de “simplificación y desburocratización de los trámites”. En este contexto, cabe recordar que a fines del año pasado, el Gobierno ya había reducido de 21 a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario de armas en Argentina, a través de otro decreto.
Las Direcciones Nacionales de Registro y Delegaciones, y de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados, deberán realizar las adecuaciones correspondientes en los instructivos de las tramitaciones afectadas por esta nueva resolución.
Tras esta determinación, voces críticas alertaron sobre los posibles riesgos de estas flexibilizaciones. Especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por la eliminación de la tasa anual y la extensión de los plazos, argumentando que podrían debilitar los mecanismos de control y trazabilidad de las armas de fuego en el país.
Se teme que estas medidas dificulten la fiscalización y la detección de irregularidades, pudiendo favorecer la circulación ilegal de armas y aumentar los riesgos para la seguridad ciudadana. La simplificación administrativa, sostienen, no debería ir en detrimento de la prevención del delito y el control efectivo sobre el armamento en manos de particulares.
