Organizaciones ambientalistas convocan a reunir más de 100 mil adhesiones para judicializar la ley. Denuncian inconstitucionalidad y un retroceso en la protección del agua. La Pampa ya presentó un amparo ante la Justicia federal.
Con la reforma de la Ley de Glaciares ya sancionada, el conflicto se traslada del Congreso a los tribunales. Un conjunto de organizaciones ambientales lanzó una convocatoria para impulsar una demanda judicial colectiva de alcance inédito, con la meta de reunir a más de 100 mil personas. La iniciativa es promovida por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace, que buscan frenar la aplicación de la norma por considerarla un retroceso en materia ambiental.
Desde los espacios convocantes sostienen que la estrategia apunta a replicar —e incluso superar— la participación registrada en las audiencias públicas, donde se habían inscripto más de 105 mil personas. “La defensa del agua ya no está en el Congreso, ahora está en manos de la sociedad”, plantearon, al tiempo que denunciaron que el proceso legislativo ignoró la intervención ciudadana y avanzó con cambios que, según afirman, benefician a intereses mineros.
El núcleo del planteo judicial será la presunta inconstitucionalidad de la reforma, en particular por delegar en las provincias la definición de criterios de protección ambiental. Las organizaciones advierten que esto rompe el principio de presupuestos mínimos fijado por la Constitución y abre la puerta a conflictos interjurisdiccionales por el uso del agua, en un contexto donde los glaciares alimentan cuencas que atraviesan varias provincias.
En paralelo, el gobierno de La Pampa avanzó por su cuenta y presentó un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal de Santa Rosa. La acción, impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones locales, busca declarar la nulidad de la ley. El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que la norma “lesiona derechos colectivos” y viola el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú, además de advertir sobre el impacto directo en una provincia que depende de ríos de origen glaciar.
Otro eje de cuestionamiento gira en torno a la distribución de fondos nacionales en la previa del debate legislativo. Desde FARN señalaron que el Gobierno giró miles de millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional a distintas provincias en los días previos a la votación, muchas de las cuales luego respaldaron la reforma. Para las organizaciones, la magnitud y el timing de esas transferencias plantean dudas sobre la transparencia del proceso y la independencia de las decisiones parlamentarias.
La discusión de fondo remite al rol de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Según datos científicos, en regiones áridas pueden aportar hasta el 40% del recurso hídrico en períodos de sequía. En ese marco, especialistas advierten que la reforma modifica el alcance de la protección vigente y podría dejar áreas sin resguardo, en un escenario ya atravesado por el retroceso de los glaciares debido al cambio climático.
