Con el telón de fondo del fallo Uñac, la comisión de Juicio Político avanzará en una nueva audiencia para escuchar a ocho testigos, entre ellos la funcionaria cercana a Juan Carlos Maqueda que firmaba cheques millonarios de la Obra Social. A continuación, se analizarán pruebas y se evalúa convocar a los jueces de manera anticipada para un descargo. El último fallo de la Corte y su impacto en el Congreso.
En la comisión de Juicio Político se sienten reivindicados: el fallo de la Corte Suprema que inhabilitó a Sergio Uñac representa, para gran parte del cosmos oficialista, una prueba cabal más de las irregularidades y extralimitaciones en las que el Máximo Tribunal ha incurrido en los últimos años. Y, por lo tanto, un respaldo general a la investigación que comenzó en febrero. “Uñac debe estar arrepintiéndose ahora”, ironizan diputades cristinistas que, aún hoy, le echan en cara al gobernador sanjuanino no haberse animado a acompañar el juicio político por miedo a que la Corte fallara en su contra. “Cristina le advirtió que lo iban a cagar”, deslizan. En este clima convulsionado –que más de uno fantasea con poder utilizar a su favor–, el Frente de Todos volverá a avanzar con la investigación a los supremos. El martes la comisión de Juicio Político volverá a reunirse en lo que será el cierre de la causal por los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial. Podría haber sorpresas: la conducción de la comisión analiza, por estas horas, la posibilidad de citar anticipadamente a los magistrados de la Corte para que hagan su descargo.
Tras dos semanas sin actividad, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volverá a reunirse el martes a las 13 para retomar la investigación por mal desempeño de los cuatro jueces de la Corte. Son días en los que las campañas locales -siete provincias tienen elecciones en junio– y la instalación de los precandidatos nacionales compiten por la atención de les diputades, pero el juicio político a la Corte ha terminado por convertirse en una prioridad para el FdT. En parte por la guerra interna que la investigación sobre las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ) generó al interior del Máximo Tribunal, pero fundamentalmente por el interés particular que Cristina Fernández de Kirchner tiene en todo el proceso. “Hoy nos dice que es de lo mejor que se está haciendo”, afirma un dirigente que dialoga cotidianamente con la vicepresidenta.
La avanzada de la Corte Suprema sobre las elecciones en San Juan y Tucumán, además, ha vuelto a despertar las alarmas del peronismo. No solo por la forma en la que se inhabilitó a Uñac y a Juan Manzur, sino por el temor a que el fallo esté preparando el terreno para avanzar sobre la candidatura de Gildo Insfrán en Formosa y, a la larga, sobre las reelecciones en general. “Hoy los peronistas nos están felicitando, los intendentes bonaerenses ni te cuento”, ironiza un diputado que integra la comisión y considera que, tras la experiencia en las dos provincias peronistas, “algunos se están arrepintiendo”. Los dardos están dirigidos, fundamentalmente, contra Sergio Uñac, que se rehusó a acompañar el pedido de juicio político cuando el presidente Alberto Fernández fue en búsqueda del apoyo de los gobernadores. Pero Uñac no fue el único, a diferencia de lo que ocurrió cuando la Liga de Gobernadores salió a enfrentarse al fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, hubo varios mandatarios provinciales que se negaron a acompañar la avanzada sobre la Corte, como Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Alberto Rodríguez Saa (San Luis).
“Uno de los motores para el inicio del juicio político fue la iniciativa de los gobernadores por la coparticipación. Ahora el fallo contra Uñac viene a ratificar el carácter unitario y antidemocrático de esta Corte”, insiste un diputado que suele integrar la comisión y especula con que el último mensaje de los cortesanos servirá para reivindicar la labor de la comisión. En Tucumán, provincia afectada directamente por el fallo de la Corte, coinciden: “Me imagino un respaldo absoluto del peronismo”, afirmó un legislador cercano a Juan Manzur, aunque admitió: “Pero no creo que alcance”. La suspensión de las elecciones se terminó convirtiendo en una causal más en el juicio político e, incluso, algunos diputados sanjuaninos que responden a Uñac –porque su competidor local, José Luis Gioja, siempre acompañó el jury — empiezan a especular con acompañar la iniciativa.
No todo es entusiasmo, sin embargo. En el kirchnerismo no tienen dudas de que el fallo de la Corte fue una devolución de gentilezas por el juicio político y algunos dirigentes provinciales comenzaron a manifestar su preocupación. “Hay mucho gobernador enojado por lo que pasó. Porque las represalias de la Corte terminaron siendo peores que cualquier daño que la comisión puede llegar a hacer”, desliza un represente de una provincia del Norte. Hay temor de que algunos mandatarios que habían acompañado el juicio político pero con pegas terminen vaciando el reclamo si ven que una derrota electoral en agosto los pone en inferioridad de condiciones. Cuando comenzó el proceso más de un gobernador recibió presiones por parte de Ricardo Lorenzetti para que la investigación no lo terminara manchando a él también y, en las últimas semanas, algunas de esas llamadas volvieron a reactivarse.
Cierre de ciclo para la OSPJ
Luego de cuatro audiencias testimoniales que fueron registrando las diversas irregularidades que la OSPJ viene arrastrando desde 2003 –inexistencia de presupuestos, ausencia de balances contables, licitaciones oscuras, vulnerabilidad del sistema informático–, la presidencia de la comisión de Juicio Político está lista para armar el informe preliminar, cerrar la causa y formular los cargos para los magistrados. Si bien el más afectado por los desmanejos de la OSPJ es Juan Carlos Maqueda, ya que fue el supervisor de la prestación durante más de 10 años, la responsabilidad por el control de la OSPJ recaerá –con diferente peso– sobre los cuatro jueces de la Corte. “La obra social funcionó pésimo y Corte no supervisó ni cumplió con su deber de vigilancia sobre sus dependientes”, sintetizaron desde la comisión.
El martes será la última reunión vinculada a esta causal, y se espera la presencia de ocho testigos: la exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN, Marta Herrera Alem; la funcionaria cercana a Maqueda que firmaba cheques millonarios sin ser contadora, María Guadalupe Burgos; la secretaria letrada de la Vocalía de Maqueda, María Susana Villarruel; entre otros. Cuando terminen las testimoniales, el oficialismo formulará los cargos que se le adjudican a los magistrados. Y existe la posibilidad de que se solicite el descargo de los magistrados. Es decir: que se convoque a comparecer a Maqueda, Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
FUENTE: Página 12.
