Privando de la libertad a trabajadores, docentes y estudiantes, una vez más el gobierno ultraderechista de Javier Milei arremete contra la educación pública, impidiendo la entrada y salida de la comunidad educativa a la institución. “La medida viola la autonomía universitaria”, denunciaron desde la UNMa.
Un nuevo atropello del gobierno de Javier Milei se suma a la agenda: este lunes la Policía Federal impidió durante varias horas el acceso y salida de la comunidad educativa—estudiantes, docentes y personal no docente—de la sede de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), ubicada en Defensa 119, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue recién a media tarde que los efectivos liberaron la entrada y se ubicaron en la vereda de enfrente.
“Las Madres de Plaza de Mayo denunciamos ante el mundo que el gobierno criminal de Javier Milei, a través de la Policía Federal, ha impedido a los trabajadores de nuestra universidad acceder a sus puestos de trabajo”, manifestó la UNMa en un comunicado.
En diálogo con Tiempo, Adrián Dubinski, historiador de la UNMa, explicó: “Intentan asfixiarnos económicamente, pero como seguimos trabajando y los docentes continúan dando clases, ahora buscan cerrar la universidad, bajando la persiana. No permitían que nadie entrara ni saliera. Durante horas, se produjo una privación ilegítima de la libertad. Ahora, la policía se ha retirado y la universidad ha reabierto, pero seguimos funcionando en una situación completamente anormal y fuera del estado de derecho”.
El comunicado de la UNMa subraya que la medida violó “la autonomía universitaria y busca criminalizar a los trabajadores de nuestra universidad”, convocando a “toda la comunidad de la UNMa, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos a movilizarse en Defensa 119 y detener este atropello”.
La intervención
El pasado jueves 25 de julio, pocas horas antes de la marcha semanal número 2415 de las Madres de Plaza de Mayo, el gobierno nacional anunció una resolución de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que disponía la intervención de esta institución, desconociendo a la rectora Graciela Caamaño.
“Somos una universidad nacional creada por Ley en octubre de 2014, a partir del Instituto Universitario Nacional en Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. Es decir, ya teníamos estudiantes, docentes y personal no docente. Todo eso se transfirió directamente a la Universidad Nacional. Se celebró una asamblea en diciembre, se normalizó la situación, y en marzo se eligió a Cristina Caamaño como rectora, todo conforme a la ley”, explicó Dubinski.
“El gobierno de Milei desconoce esa normalización; ha impuesto a un rector interventor, al que ellos llaman normalizador, a pesar de que ya somos una universidad normalizada. Además, contamos con autonomía universitaria, órganos de cogobierno integrados por los claustros con representantes en el consejo superior y asambleístas. Todos eligieron una rectora y seguimos funcionando. Comenzamos las clases, pero desde enero no cobramos sueldos ni hemos recibido ningún tipo de fondos, ni siquiera del presupuesto del año pasado, lo que hace que la situación sea compleja”, concluyó el historiador.
