El gobierno nacional estableció un decreto para rescindir o renegociar contratos de obras públicas en curso, priorizando el ajuste fiscal. Se exceptúan las obras con financiamiento internacional y las que tienen más del 80% de avance. La medida afecta miles de proyectos.
En una nueva medida orientada hacia la reducción de la obra pública, el gobierno nacional emitió el decreto 713/24, que establece los lineamientos para rescindir o renegociar contratos de obras en curso. Esta norma, que reglamenta el título III de la Ley 27.742, define cómo procederá el Estado con los contratos de construcción, concesión de servicios y futuros proyectos de infraestructura. También actualiza el régimen de iniciativa privada, incentivando a quienes presenten propuestas de interés público.
El decreto alcanza a todas las obras públicas financiadas por el Sector Público Nacional, excepto aquellas que cuentan con respaldo de organismos internacionales de crédito, que seguirán bajo las condiciones pactadas en los respectivos acuerdos. En un plazo de 30 días, el Ministerio de Economía deberá definir las pautas para renegociar o rescindir contratos superiores a $10.000 millones firmados antes del 10 de diciembre de 2023. Los contratistas deberán aceptar las condiciones establecidas y renunciar a litigios, lucro cesante y otros reclamos económicos derivados de demoras.
Sin embargo, las obras que estén próximas a finalizar no se verán afectadas. Según el artículo 64 de la Ley Bases, se considerará inconveniente la suspensión de proyectos que tengan más del 80% de avance físico o cuenten con financiamiento internacional.
Este decreto refuerza el enfoque del gobierno de Javier Milei en favor de la reducción del gasto fiscal, con un impacto negativo sobre las obras de infraestructura. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha señalado que el ajuste ha provocado una paralización casi total de los programas de obra pública en el primer semestre del año, con caídas presupuestarias cercanas al 100%. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, denunció que unas 3.500 obras nacionales se encuentran paralizadas, con la pérdida de 100.000 empleos, poniendo en riesgo la continuidad de numerosas empresas constructoras.
