La UBA rechaza la auditoría impulsada por la SIGEN, al considerarla una medida política del gobierno de Javier Milei contra las universidades públicas. Mientras tanto, el organismo de control insiste en el acceso, y el conflicto se encamina a resolverse en la justicia.
Dos horas después de que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrecieran una conferencia de prensa para oponerse a la auditoría de la SIGEN en la universidad, un funcionario de este organismo de control se presentó en su sede para notificar formalmente que la auditoría estaba habilitada. José Fretes, gerente de control de la SIGEN, explicó ante los periodistas que necesitaba una oficina para instalar a su equipo y acceso a la documentación, aunque la UBA señaló que no le brindará acceso hasta que la justicia determine la legalidad de la auditoría. En un nuevo capítulo de tensiones entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas, el evento quedó marcado para las cámaras, con imágenes de la entrega de la notificación y las empleadas de la mesa de entradas recibiéndola. La escena, sin embargo, puso en primer plano computadoras antiguas y paredes desgastadas, lo que también remarcó el desfinanciamiento en la institución.
“Ahora queda esperar qué decidirá la justicia”, comentaron desde la UBA. Por su parte, el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, contraatacó: “Si ellos van a la justicia, nosotros también lo haremos”.
Las autoridades de la UBA sostienen que el Gobierno busca usar a la SIGEN como “un caballo de Troya para atacar el corazón del sistema universitario: la libertad académica”. Así lo expresaron en un comunicado reciente, cuando pidieron una declaración judicial para confirmar si el organismo de control del Poder Ejecutivo está facultado para auditar la universidad.
En la conferencia de prensa de este lunes, el Consejo Superior de la UBA insistió en que el conflicto no es la auditoría en sí, sino la intención política detrás de ella. Además, anunciaron la apertura de una convocatoria nacional e internacional para que estudios “profesionales e independientes” realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno.
La UBA también publicó en su página web los controles realizados por la Auditoría General de la Nación (AGN) entre 2020 y 2023, organismo habilitado desde 2022 para auditar a la universidad, junto con informes de ejecución presupuestaria de este año. “No hay un peso del que no se sepa su destino”, afirmó Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA.
El rector Gelpi subrayó que el verdadero conflicto con el Gobierno es el financiamiento a las universidades públicas y sostuvo que la gestión de Javier Milei “ha desfinanciado todo el sistema universitario”. Expresó que bajo presupuesto proyectado para 2025 plantea la posibilidad de que en un futuro cercano la universidad no pueda funcionar plenamente.
“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostener la UBA, igual que el CONICET, con el que estamos muy ligados”, señaló el rector.
El conflicto en la Justicia
El titular de la SIGEN, Miguel Blanco, anticipó que el Gobierno podría presentar una denuncia judicial contra la UBA. Blanco mencionó que “27 universidades ya aceptaron la auditoría y lo mismo sucederá con el resto. La única que se niega es la UBA”.
Blanco también aclaró que no pudieron iniciar la auditoría debido a la negativa de la universidad a brindarles acceso a la documentación interna. En respuesta a los argumentos de la UBA, que señala que ya es auditada por la AGN, Blanco sostuvo que en los últimos diez años sólo hubo dos auditorías en la UBA: una en la Facultad de Derecho en 2007 y 2008, y otra en la Facultad de Psicología en 2018. Ninguna, señaló, auditó las rendiciones de fondos ni los convenios, que es el foco del interés del gobierno de Milei.
Según un informe que la SIGEN filtró a algunos medios, el Gobierno busca esclarecer el uso de unos 8 mil millones de pesos destinados al funcionamiento de la UBA y revisar cerca de dos mil convenios con entidades públicas. Aunque Blanco evitó especificar cifras exactas, mencionó que los convenios bajo revisión serían 354.
Uno de los convenios cuestionados fue el firmado entre ENARSA, la empresa pública de energía, y la Facultad de Economía de la UBA para estudiar el impacto ambiental del gasoducto Néstor Kirchner. “En Economía no se estudia ni una materia sobre impacto ambiental”, señaló Blanco.
Finalmente, Blanco criticó el argumento de la UBA de que rinden cuentas de sus finanzas ante el Poder Legislativo, señalando que la última rendición fue hace nueve años. “Los informes de la AGN no tienen referencias a las rendiciones de cuentas ni a los convenios. Hay que preguntarles a ellos por qué no quieren ser auditados”, concluyó el titular de la SIGEN.
