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ORDENAN MÁS SEGURIDAD PARA CFK Y VIGILANCIA SOBRE REVOLUCIÓN FEDERAL

Lo ordenó el juez Martínez de Giorgi. Se hizo a partir de posteos amenazantes del referente de Revolución Federal, Leonardo Sosa.

Los posteos de Leonardo Sosa, uno de los referentes de Revolución Federal (RF), con advertencias amenazantes dirigidas a Cristina Fernández de Kirchner el último domingo electoral, fueron evaluados por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi como mensajes de una gravedad equivalente a las acciones violentas previas al intento de magnicidio que llevaron el año pasado a su procesamiento y al de otros tres integrantes de la organización de ultraderecha. Por eso el juzgado notificó al Ministerio de Seguridad para que la custodia de la vicepresidenta, que es de la Policía Federal, “tome los recaudos que estimen necesarios”. También requirió que se preserve la cuenta de “X” (exTwitter) de Sosa y que se vigilen no solo la suya sino la de otro de los referentes del grupo, Jonathan Morel, así como las de Gastón Guerra y Sabrina Basile. La querella de CFK y la de Juan Grabois habían hecho presentaciones donde ponían en alerta a los investigadores y pedían que tomaran cartas en el asunto.

El juzgado hizo lugar a las medidas pedidas por la fiscalía, aunque no a todas las que pedían las querellas. No dispuso, por ejemplo, el secuestro del celular de Sosa. En el caso de Morel, que reclama el teléfono que usaba al momento de su detención, en octubre del año pasado, se rechazó su devolución. Martínez de Giorgi le dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y a la Unidad Antiterrorista Operacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El dictamen de Pollicita refleja una cadena de publicaciones de Sosa en “X” que parecen sugerir –según planteó la querella de CFK– que se siente envalentonado o protegido por la fuerza que lidera Javier Milei, La Libertad Avanza.

  • El 13 de octubre publicó: “Revivió Revolución Federal”.
  • El 18 de octubre desde el acto de cierre de campaña de Milei posteó a las 19.58 “Cierre de campaña de Milei. La estocada final, Cristina VAS A CORRER!”. Adjuntaba dos fotos. En una decía: “Lugar preferencial VIP para Revolución Federal”.
  • El domingo 22, mientras se desarrollaba la votación en todo el país, puso en “X” a las 13.29: “Mañana CFK vuelve a Bs As. Mañana vuelve Revolución Federal”.
  • El mismo día a las 18.42 agregó: “Adonde es el bunker de Milei??” “Es verdad que es en Uruguay y Juncal??”, en referencia a la esquina donde vivía el año pasado la vicepresidenta y donde intentaron matarla.
  • A las 23.08, cuando ya se conocía que Sergio Massa era el ganador pero que Milei entraba al balotaje con él escribió: “DEJAREMOS NUESTRA SANGRE EN LAS CALLES CON TAL DE LLEVAR A MILEI A CASA ROSADA”.
  • Unos días antes, el 10 de octubre, hizo un posteo que compartía una publicación de “Somos Corta” que reflejaba declaraciones del exministro de de Finanzas del macrismo, Luis “Toto” Caputo, quien había dicho: “el kirchnerismo imprimió pesos por el equivalente a 20 puntos de PIB para financiar déficit” y agregó: “Pasamos de un ‘ah, pero Macri’ a un ‘ah, pero Milei”. Sosa escribió: “Caputo se suma a Las Fuerzas del Cielo? COMPRO. Un prócer, si me preguntan.”

El Grupo Caputo a través de Caputo Hermanos, la empresa de desarrollos inmobiliarios que manejan hermanos del exfuncionario, le pagó a Morel uno de los líderes de RF más de 14 millones de pesos en 2022 por supuestos trabajos de carpintería para equipar los 60 departamentos de un edificio en Añelo, Neuquén, aunque no tenía capacidad de hacerlo. La sospecha es que así fue financiada la organización, pero aún en la causa esperan una serie de peritajes. Ningún Caputo fue llamado a indagatoria todavía.

Hasta ahora
Sosa, Morel, Guerra y Basile están procesados por incitación a la violencia colectiva por acciones que en 2022 desplegaron en las calles (con antorchas, guillotina, bolsas mortuorias), en redes sociales y en plataformas, que tenían como blanco favorito a la dirigencia y la militancia identificadas con el kirchnerismo. El objetivo, había explicado el juez Martínez de Giorgi, era “infundir temor a futuro y alarma en las víctimas y en su entorno, de que su integridad, su libertad y su vida se encuentren en peligro”. Pero, además, el punto máximo de la escalada –marcó– fue el intento de asesinato de la vicepresidenta. “No los vamos a dejar en paz y van a tener miedo de caminar en la calle”, “todos presos, muertos o exiliados”, repetían los activistas violentos. Para el magistrado no se podía afirmar “que el plan delictivo haya finalizado, ni descartar que se vuelva a intentar” el asesinato de CFK u otros dirigentes del oficialismo. Igual que Pollicita, consideraba que se trataba de una forma de asociación ilícita para imponer las ideas por la fuerza. La Sala I de la Cámara Federal la cambió y liberó a los acusados.

En las charlas de Revolución Federal en Twitter Spaces, que llegaban a tener hasta 2000 participantes, poco antes del intento de magnicidio, Morel sugirió cómo hacerlo: decía que había que mezclarse entre la multitud que por esos días iba a apoyar a la vicepresidenta en medio del juicio conocido como “Vialidad” y hacerse pasar por militante. Ahí justificaba que él mismo no lo haría porque los integrantes de La Cámpora lo identificaban. Trató de hacerlo, del modo que Morel alentaba, Fernando Sabag Montiel, pero la bala no salió. Estaba con su novia, Brenda Uliarte. Ambos están presos, igual que Gabriel Carrizo, que manejaba la venta de copos de azúcar de la que la pareja participaba y que utilizó como camuflaje para hacer “inteligencia”.

Morel y Sosa estuvieron generando disturbios en las inmediaciones de su casa el día de la primera movilización, el 22 de agosto, después de que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel para ella e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Uliarte presentó en la causa sobre el atentado propiamente dicho un escrito donde pedía ampliar su indagatoria y decía que Gerardo Milman pagaba para que fuera gente a provocar a la casa de CFK y que Sabag Montiel tenía relación con RF. Grabois reclamó que en la causa de Martínez de Giorgi se la cite como testigo.

Esta semana la Cámara confirmó el procesamiento de Morel por amenazas en otros hechos. Uno es el caso de Victoria Donda. Desde una protesta en la Quinta de Olivos que él transmitía por Instagram dijo: “Donda te persigo, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de puta. Le vas a ir a tocar el timbre a San Pedro, la concha tuya”. Otro hecho, el día que asumía en el Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, fue la persecución literal por la calle de un grupo donde estaba Morel a las legisladoras Claudia Neira y Maia Daer (Unión por la Patria). Las seguían y les gritaban: “chorras”, “putas”, “ladronas”, “hijas de puta”, “¿Cómo se animan a caminar solas por la calle? No van a poder caminar nunca más”, “¿Por qué no se van del país putas de mierda?”, “Las vamos a prender fuego”. En los videos analizados por la fiscalía se advierte una escena similar ese día contra el actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Le gritaban: “Traidor a la patria, te vamos a prender fuego, la concha de tu madre. Vamos a matarlos, uno por uno los vamos bajar a estos hijos de puta”.

Los camaristas dicen que para determinar el delito es necesario saber si quien recibe las posibles amenazas se siente condicionado/a a partir de ellas. Por eso pide citar a Ferraresi, quien no declaró. Lo mismo respecto del periodista Víctor Hugo Morales a quien en una transmisión de RF por Twitter Spaces Morel trató de “viejo pelotudo” y dijo que “prendería fuego C5N”. “Y agradecé que somos sesenta, si somos doscientos …pero desaparecen! (…) lo cagaría a trompadas, hasta desfigurarle la cara”.

Riesgos
Pollicita dictaminó que los posteos recientes de Sosa “seguirían la línea de los hechos” “que vienen siendo investigados y por los que los principales representantes del grupo públicamente conocido como Revolución Federal fueron oportunamente procesados”. “…No solo contribuyeron a la materialización de distintos eventos de tinte violento e intimidatorio difundidos a través de múltiples plataformas y redes sociales, alcanzando notoriedad, trascendencia y publicidad frente a cientos de personas, sino que también llevaron a las calles sus manifestaciones, encarnando entonces un esquema verdaderamente guiado por el hilo conductor de imponer sus ideas y combatir las ajenas por vía del temor”, argumentó. “Esas acciones –agregó– en algunos casos fueron direccionadas contra personas concretas, con la clara finalidad de atemorizarlas…”.

De acuerdo al planteo del fiscal, el juez ordenó que “se pongan en conocimiento del Ministerio de Seguridad” las denuncias de las querellas” para que los encargados de la protección personal de Cristina Fernández de Kirchner tomen los recaudos que estimen necesarios”. Ante el riesgo de que “los mensajes se traduzcan” en actos delictivos y “ante la volatilidad que poseen lo datos digitales” también requirió que se “preserve el perfil de la red social “X” @leo_bertario, como así también las publicaciones”; que se haga una “vigilancia virtual de los perfiles en redes sociales” de Sosa, Morel, Guerra y Basile por 30 días “con el propósito –decía el Pollicita– de identificar mensajes y/o convocatorias de tinte similar a las que constituyen objeto de investigación”.

FUENTE: Página 12.

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