Además de la reforma laboral, el oficialismo impulsa una modificación clave a la norma que protege glaciares y ambientes periglaciares. Con respaldo de gobernadores mineros, la iniciativa pone en riesgo reservas estratégicas de agua.
A la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Senado se prepara para retomar la actividad a comienzos de febrero con una agenda que va más allá de la reforma laboral. En ese paquete aparece, con menor visibilidad pero fuerte impacto ambiental, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa del Poder Ejecutivo que cuenta con el aval de gobernadores de provincias mineras, sin distinción partidaria.
El proyecto propone alterar la ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. El cambio central consiste en otorgar a las provincias la facultad de excluir áreas del Inventario Nacional de Glaciares, bajo el argumento de que no cumplen funciones estratégicas como reserva de agua. En esos casos, el IANIGLA, organismo técnico encargado del relevamiento, debería eliminar esas zonas del registro oficial, habilitando actividades hoy prohibidas.
La reforma implica un retroceso respecto de la normativa vigente, que bloquea la minería, la explotación hidrocarburífera y la instalación de infraestructura en áreas glaciares y periglaciares. Esa restricción fue cuestionada por mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes reclaman mayor margen para avanzar con proyectos extractivos. Desde el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pese a las advertencias de científicos y organizaciones ambientales sobre la acelerada pérdida de hielo en la Patagonia.
En la oposición, el peronismo aparece dividido. Aunque varios senadores calificaron la propuesta como “un retroceso en materia ambiental”, no se descarta un nuevo quiebre en la votación. Legisladoras como Anabel Fernández Sagasti y Alicia Kirchner alertaron sobre la falta de controles efectivos y la judicialización que podría generar la reforma. En juego no solo están los glaciares —que alimentan 36 de las 96 cuencas hídricas del país— sino también megaproyectos mineros millonarios, como El Pachón, Agua Rica o Vicuña, que el Gobierno busca impulsar bajo el paraguas del RIGI.
