Simplifica el complejo sistema impositivo heredado de la dictadura, creando el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se venía discutiendo desde hace 30 años.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este viernes, en segunda votación en el plenario, la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y que se discute en el país desde hace tres décadas. La votación se extendió hasta la madrugada, aprobando el texto base de la iniciativa, una de las prioridades del Ejecutivo y que simplifica el complejo sistema impositivo del país.
La segunda votación terminó con 375 votos a favor, 113 en contra y tres abstenciones, un poco menos de apoyos que en la primera, pero suficientes para avanzar con el Proyecto de Enmienda constitucional (PEC). El proyecto, que tendrá este viernes votaciones específicas pero que no modifican el texto básico, será encaminado ahora al Senado, en donde necesitará ser aprobado en dos votaciones con el apoyo de tres quintas partes de los 81 legisladores.
Apoyo de la derecha
La reforma fue apoyada incluso por los parlamentarios del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, quien les había solicitado que la rechazaran. El gobernador de Sao Paulo –el estado más rico y estratégico–, Tarcísio de Freitas, exministro de Bolsonaro y probable sucesor, se manifestó a favor de la reforma, lo que provocó descontento en sectores de la derecha bolsonarista.
La reforma altera por completo el modelo tributario adoptado por Brasil en la década de 1960. Busca simplificar el sistema, unificar diversos impuestos cobrados por las administraciones nacional, regionales y municipales y que se superponen, y reducir la evasión fiscal. Crea el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para unificar los cinco tributos que son cobrados actualmente sobre el consumo. Todo esto tiene el respaldo de la mayoría de las entidades empresariales.
El IVA pasará a ser cobrado por el Gobierno federal y una parte de la recaudación será distribuida a las regiones y los municipios mediante un fondo especial. Según el Ministerio de Hacienda, la reforma puede impulsar un crecimiento adicional para el PIB del 12 por ciento en 15 años porque reducirá los costos para las empresas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien fue aliado en el Gobierno de Bolsonaro, fue uno de los principales defensores de la reforma y pidió a los legisladores tratarla como un asunto de interés del Estado y no perjudicarla por divergencias partidarias.
“Este momento es histórico(…) La reforma tributaria no es un pacto político, ni una agenda del gobierno. Es una agenda de Estado”, dijo Arthur Lira en un discurso antes de la votación. Lira pidió dejar a un lado el “radicalismo político”, en un mensaje directo a Bolsonaro, intentando persuadir a sus aliados a votar en contra.
El impulso de Lula
Este proyecto era una prioridad en la agenda legislativa del gobierno de Lula da Silva para estimular la economía. Su avance supone una victoria política para el gobierno, que se empeñó en la negociación con gobernadores y diputados opositores, tras ver fracasar otras de sus propuestas en el Congreso.
El proyecto introducido por el gobierno promete desentramar y reducir la burocracia de un sistema extremadamente complejo, aliviar las cargas en inversiones y exportaciones, y reducir la tributación sobre la población más pobre.
En concreto, fusiona cinco impuestos sobre el consumo en uno, el Impuesto sobre el valor añadido (IVA). Este será desdoblado en un tributo federal y otro estatal. Además reduce las alícuotas en sectores como salud, educación y artículos de la canasta básica y amplía el cobro de tasas sobre vehículos acuáticos y aéreos.
Las incógnitas pendientes
La reforma fiscal ha sido buscada sin éxito por varios gobiernos de Brasil, inclusive el del expresidente Jair Bolsonaro, que consideraban necesario cambios sobre un sistema vigente considerado complejo, ideado durante la última dictadura militar (1964-1985).
Todavía no fue determinado el valor que tendrá el IVA, algo que ha generado críticas, aunque se prevé que el valor ronde el 25 por ciento, uno de los mayores en el mundo. El gobierno alega que esa cifra, con el consiguiente aumento de la carga tributaria sobre el sector de servicios, será aliviada con compensaciones.
Lula aseguró que con la reforma el Estado tendrá mayor “protección contra la evasión” y “capacidad de recaudación”, además de una reducción en la cantidad de impuestos. La propuesta mueve el cobro de impuestos desde el lugar donde se producen los bienes a su lugar de consumo, beneficiando a las arcas de los estados más poblados de Brasil. Los cambios en el IVA demandarán ocho años, en un período de transición que busca quebrar la resistencia de gobernadores y alcaldes.
Los alcaldes brasileños se han manifestado contrarios a la reforma, ya que entienden que dañará las arcas de sus administraciones con la eliminación de un impuesto municipal sobre los servicios, uno de los sectores cuya recaudación aumentará. La reforma es una demanda de larga data de sectores empresarios, como la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP).
FUENTE: Página 12.
