Los diferentes gremios de la provincia llevarán adelante una medida de fuerza contundente para exigirle al Gobierno Nacional que revierta las medidas anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre una rebaja impositiva para los productos electrónicos importados.
La preocupación escala en Tierra del Fuego ante el inminente decreto del gobierno nacional que busca reducir los aranceles a productos electrónicos importados. En respuesta a un panorama que los gremios describen como «desolador», los trabajadores convocaron a un paro total para el próximo miércoles 21 de mayo. El objetivo es exigir a la Casa Rosada que revierta las medidas anunciadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que amenazan la industria nacional.
En concreto, según expresaron desde la administración nacional, el Gobierno implementará una rebaja impositiva para los productos electrónicos importados. La medida se aplicará en dos etapas: los aranceles para celulares importados se reducirán del 16% al 8% inmediatamente tras la publicación del DNU, y llegarán al 0% a partir del 15 de enero de 2026. En tanto, las consolas de videojuegos verán sus aranceles reducidos del 35% al 20%, y los impuestos internos para productos importados bajarán del 19% al 9,5%, mientras que para los fabricados en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%.
El Gobierno sostiene que estas medidas podrían reducir los precios hasta un 30%, pero desde Tierra del Fuego advierten una competencia desleal con los productos extranjeros, generando así fuertes dolores de cabeza en la industria nacional. «La medida significará la destrucción total para los fueguinos«, coinciden los referentes de diversos sectores que se reunieron este jueves en Tolhuin, en el centro de la isla.
Además, a modo de protesta y para visibilizar la lucha, este viernes se llevarán a cabo actos en las tres ciudades de la provincia para conmemorar el 53 aniversario de la Ley N° 19.640, que creó el régimen de promoción industrial en la isla.
La convocatoria al paro surgió tras una reunión virtual entre los gremios y el gobernador Gustavo Melella, quien advirtió sobre las graves consecuencias que podrían enfrentar los fueguinos a corto plazo por el decreto del Gobierno nacional. Melella también anunció que iniciará acciones legales contra la medida una vez que se publique en el Boletín Oficial.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya inició un paro por tiempo indeterminado en plantas como Newsan, Mirgor, Electrofueguina y Radio Victoria, y se han suspendido las exportaciones. Según información difundida en las últimas horas, más de 20 sindicatos de diversos sectores, incluyendo salud, educación, estatales, camioneros, comercio y petróleo, acordaron unirse al paro para demostrar al Gobierno Nacional la determinación de los fueguinos de defender sus puestos de trabajo, la industria nacional y su derecho a habitar la provincia.
La mayor preocupación se centra en Río Grande, la ciudad con el parque industrial más grande y la mayor concentración de fábricas. Según la consultora local «Neodelfos», la industria electrónica representa el 78% de la economía local, lo que equivale a unos 6.700 puestos de trabajo. Los gremios advierten que el cierre de una sola línea de producción tendría un impacto devastador en toda la economía local.
En un comunicado, los gremios expresaron: «Este gobierno nacional ha venido a destruir conquistas y derechos históricos. La fuerza del trabajo fueguino en su conjunto -representada por gremios, organizaciones obreras y sociales- nos ponemos en pie de lucha ante este nuevo embate de un gobierno entreguista, que sólo pretende el beneficio para un sector minúsculo de la población, en contra del hambre, miseria de las mayorías populares».
El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, afirmó: «La soberanía la garantizan las y los trabajadores: donde está la escuela pública hay Patria y donde están los trabajadores hay producción nacional. No nos vamos a dejar expulsar de la isla porque el gobierno nacional intente entregar el Atlántico Sur a la OTAN».
La inquietud también se extiende a la política exterior del gobierno de Milei, con sus vínculos con Estados Unidos y su afinidad con Gran Bretaña en relación a Malvinas, generando desconfianza en diversos sectores de la sociedad sobre los acuerdos relacionados con la Antártida y las Islas Malvinas.
