El presidente estadounidense advirtió que evaluaba ataques terrestres bajo el argumento del combate al narcotráfico, mientras la Justicia de ese país autorizó la venta de acciones de la filial de PDVSA en medio de fuertes cuestionamientos de Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó su pulseada con el gobierno de Venezuela al anticipar que podría ordenar ataques terrestres “muy pronto”, ampliando así la ofensiva iniciada con bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Acompañado por su secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que Washington “sabe dónde viven los malos” y que el operativo se expandirá sin demoras. Hegseth reforzó ese mensaje al afirmar que la campaña militar “recién empieza”.
En su mensaje, el mandatario vinculó la escalada bélica con la política migratoria de la gestión previa de Joe Biden, a la que responsabiliza por el ingreso de “asesinos” y el incremento del flujo de drogas. Trump incluso extendió su amenaza a otros países, al sostener que cualquiera que produzca o venda estupefacientes a Estados Unidos “está sujeto a ataque”. Las declaraciones se difundieron pocos días después de una comunicación telefónica entre Trump y Nicolás Maduro, en un contexto marcado por el despliegue de tropas norteamericanas en el Caribe.
El Departamento de Guerra norteamericano reforzó el tono de presión al admitir que cuenta con un plan de contingencia en caso de que Maduro abandone el país. Su portavoz, Kingsley Wilson, aseguró que el Pentágono dispone de una “respuesta planificada y lista” y que actuará “si el presidente lo ordena”. Caracas interpreta este cuadro como una pieza más de la política de hostigamiento que Washington impulsa desde hace años.
En paralelo, un juez distrital de Estados Unidos autorizó la venta de acciones de PDV Holding, matriz de la petrolera Citgo, medida que el gobierno venezolano calificó como “vulgar y bárbaro despojo”. En un comunicado, Caracas rechazó la “venta forzosa” y denunció que el proceso excluyó a PDVSA y a las autoridades venezolanas. También acusó a sectores de la oposición —incluidos María Corina Machado, Edmundo González y Juan Guaidó— de operar en complicidad con Washington para consumar la transferencia del activo.
Citgo, considerada la séptima mayor petrolera de Estados Unidos, es el principal activo externo de PDVSA y generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales. Tras años de litigios con acreedores que reclaman unos 19.000 millones de dólares, las acciones pasarían a Amber Energy, filial del fondo Elliott Investment Management. Venezuela remarcó que no reconoce la operación y anticipó que adoptará todas las medidas posibles para que los responsables del despojo respondan ante la justicia.
