A pesar de un ligero aumento en los aspirantes, las vacantes en las residencias médicas continúan sin cubrirse debido a salarios insuficientes y condiciones laborales precarias. El problema es especialmente grave en las especialidades esenciales como clínica médica, pediatría y medicina familiar, lo que refleja la falta de una política integral de recursos humanos en el sistema de salud público.
El diario Clarín publicó un artículo sobre la evolución de vacantes y aspirantes a las residencias médicas, basándose en datos del Ministerio de Salud respecto al examen de este año. La nota se enfoca exclusivamente en la medicina, brindando cifras generales sobre las residencias en el equipo de salud, pero deja fuera información crucial sobre las especialidades no médicas, muchas de las cuales se encuentran en una situación crítica, especialmente enfermería, que sigue siendo el mayor déficit del sistema de salud argentino.
Aunque se ha registrado un leve aumento en el número de aspirantes, esto no es suficiente para resolver el problema de las residencias vacantes que se repiten año tras año. Para comprender esta situación, es importante subrayar que el salario de los residentes no cubre ni el 50% de la canasta básica, según cálculos recientes de ATE-Indec.
Actualmente, un profesional que ha completado una carrera universitaria de seis años y que se acerca a los 30 años no puede permitirse trabajar 60 horas semanales, incluyendo guardias, por un salario de 750 mil pesos, que es lo que se paga a un residente en la provincia de Buenos Aires y en el Estado nacional. Del total de residentes, el 70% son mujeres con responsabilidades familiares.
Suponiendo que, con apoyo familiar o de pareja, una persona pueda completar los tres o cuatro años de formación de la residencia, ¿qué le espera al finalizar? Niveles salariales que siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de una familia tipo y, en el sector público, una demanda creciente debido a una pobreza que ronda el 55% (según datos del Indec), lo que ha llevado a muchas personas a depender exclusivamente de la atención pública.
Alrededor de veinte millones de argentinos, o más, dependen únicamente de la Cobertura Pública Exclusiva (CPE). Más del 75% de ellos son pobres. Si consideramos además la pérdida de casi 600 mil puestos de trabajo, lo que implica la disminución de aportes a la seguridad social y la reducción de las carteras de las prepagas, este profesional que sale de la residencia se enfrenta a ofertas laborales con bajos salarios, sobrecarga horaria, precarización laboral y sin incentivos para sumarse a las especialidades más necesarias para la población.
No es sorprendente, entonces, que en las tres especialidades que son clave para la atención de la población (clínica médica, pediatría y medicina familiar), los aspirantes a la residencia sean exactamente la mitad de los cargos ofrecidos.
A nivel federal, cuanto más nos alejamos de los centros urbanos más grandes y ricos, donde operan los grupos privados de salud y las superespecialidades, el déficit en medicina familiar, pediatría y clínica en la atención primaria y en hospitales rurales de mediana complejidad se vuelve aún más agudo.
Además, los estímulos históricos para la radicación de profesionales en zonas desfavorables están desapareciendo bajo las actuales políticas públicas. Hay una fuerte ofensiva contra el empleo a tiempo completo en provincias que habían desarrollado sistemas basados en esa modalidad, como Tierra del Fuego, San Luis y Neuquén, donde el atraso salarial y la destrucción del trabajo a dedicación exclusiva están desmantelando progresivamente el sistema público.
El Consejo Federal de Salud ha omitido uno de sus principales deberes: el debate sobre las condiciones laborales en el ámbito sanitario. Hasta la pandemia, ni siquiera se sabía cuántos trabajadores de salud había en Argentina. El insuficiente bono otorgado durante la pandemia tuvo la única virtud de revelar que hay medio millón de trabajadores y trabajadoras de la salud en el país.
Durante años, las organizaciones sindicales, en particular la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), han exigido una paritaria nacional para abordar el problema de manera integral. Vacantes en residencias, especialidades, salarios de residentes, oportunidades laborales, derechos y salarios mínimos para todos los trabajadores de la salud y el financiamiento del sistema sanitario deben ser tratados en una paritaria nacional.
Todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia, y especialmente desde la década del noventa, se han negado sistemáticamente a abrir un espacio de discusión de este tipo. Por lo tanto, resulta imposible implementar una política integral de recursos humanos que resuelva la situación y mejore la oferta de servicios públicos para la población argentina.
