El anuncio de la venta del sitio de Memoria “La Perla Chica” desató una ola de críticas en Córdoba por parte de organizaciones de Derechos Humanos. La noticia coincidió con la visita del presidente Javier Milei a la provincia, en la que no se mencionó el tema, generando preocupación sobre el futuro de este espacio protegido por ley.
Una noticia sorpresiva sacudió este miércoles a organizaciones sociales y de Derechos Humanos en Córdoba: la venta del sitio de Memoria “La Perla Chica”, uno de los 309 inmuebles que la Agencia de Administración de Bienes del Estado planea transferir en una primera fase de enajenación de propiedades públicas.
Curiosamente, la información se dio a conocer el mismo día de la visita del presidente Javier Milei a Córdoba, donde se reunió con el gobernador Martín Llaryora en la Fundación Mediterránea y presentó su agenda económica ante líderes locales. En esta tercera visita, Milei se enfocó en temas como retenciones y biocombustibles, sin que trascendiera mención alguna sobre el emblemático sitio de Memoria.
La Perla Chica: Un símbolo del horror
Ubicada frente al centro clandestino de detención “La Perla” (también conocido como “La Universidad” en la jerga represiva), esta construcción se utilizó para cautiverio y tortura de detenidos durante la última dictadura. Popularmente llamada “La Perlita” o “La Escuelita”, el complejo se encuentra a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz, y en 1978 quedó separado de La Perla por la construcción de la autopista. Según la Comisión Provincial de la Memoria, durante 1976 y 1977, “La Perla Chica” era una parada obligada para los secuestrados en su tránsito hacia el centro principal.
Con la llegada de la democracia, la CONADEP identificó el lugar tras una inspección ocular, y en 2013 una nueva visita aportó detalles sobre su uso, lo que llevó en 2016 a la condena de represores en la megacausa La Perla-La Ribera.
Venta y resistencia
El decreto 950/24, firmado por el jefe de gabinete Guillermo Francos y el presidente Milei, habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer de inmuebles nacionales, y en Córdoba, el sitio de Memoria aparece listado junto a otros terrenos en un anexo que incluye 18 provincias. Pese a que se había propuesto el traspaso de La Perla a la órbita provincial, La Perla Chica no está incluida, generando inquietud en sectores de Derechos Humanos, que ven peligrar la continuidad de políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
En tanto, el intendente de Malagueño, Marcos Fey, expresó su sorpresa por la omisión del sitio de Memoria en los planes de desarrollo para el área, y planteó la necesidad de participación local en su futuro. El predio cuenta con protección bajo la ley nacional de Sitios de Memoria, aunque, con la Dirección Nacional de Sitios de Memoria acéfala desde diciembre, las organizaciones de Derechos Humanos temen que la protección estatal sea insuficiente.
Estos antecedentes hacen recordar otros casos donde antiguas guarniciones represivas quedaron cercanas a las ciudades y fueron desafectadas parcialmente, preservando el sector de Memoria. Sin embargo, la presentación de este inmueble como un lote más genera desconfianza sobre las intenciones del Estado de desprenderse del lugar, independientemente de su valor histórico.
