La Procuraduría General de la República revisará las pruebas aportadas para decidir si procede con la presentación formal de los cargos. La última palabra sobre la sentencia recaerá en el Supremo Tribunal Federal.
La Policía Federal de Brasil presentó un extenso informe de más de 800 páginas en el que acusa formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a otros 36 colaboradores por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que resultó electo Lula da Silva. Este documento será remitido al Supremo Tribunal Federal (STF), que tendrá la última palabra sobre el caso.
Entre los acusados figuran altos funcionarios de la gestión de Bolsonaro, como el exministro Braga Netto, quien fue su compañero de fórmula electoral, el General Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), y Valdemar Costa Neto, líder del Partido Liberal.
La investigación detalla una operación planificada para socavar el orden democrático y evitar la toma de posesión de Lula da Silva, imputando a los acusados tres delitos principales: golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y organización criminal. Las penas asociadas a estas acusaciones oscilan entre 3 y 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad de cada cargo.
– Golpe de Estado: entre 4 y 12 años de prisión.
– Abolición del estado democrático de derecho: entre 4 y 8 años de prisión.
– Organización criminal: entre 3 y 8 años de prisión.
El caso ahora será evaluado por la Procuraduría General de la República (PGR), que deberá decidir si formaliza los cargos ante el STF. Este tribunal será el encargado de juzgar y emitir una sentencia definitiva sobre los acusados.
La presentación de estos cargos marca un paso significativo en las investigaciones sobre los actos que amenazaron la estabilidad democrática en Brasil, subrayando la gravedad de las acciones atribuidas al expresidente y su entorno.
