La disolución de cinco fondos por parte del Gobierno fue justificada debido a una supuesta falta de control y refleja una política libertaria que prioriza el desmantelamiento de instrumentos públicos en lugar de reformarlos. Diversos sectores advierten que la medida debilita áreas clave, como el apoyo a emprendedores, víctimas de trata y sectores estratégicos, dejando a miles de beneficiarios sin alternativas claras.
El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, decretó la disolución de cinco fondos fiduciarios a través del Decreto 1048/24, justificando la medida en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que señaló irregularidades como falta de controles, mala gestión de recursos e inactividad. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por el impacto negativo que podría tener en sectores estratégicos y vulnerables, sumado a no haber propuesto alternativas.
Los fondos eliminados son: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, el Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE) y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA). Si bien el Gobierno argumenta que busca optimizar el uso de recursos públicos, la disolución pone en riesgo iniciativas orientadas a fomentar el desarrollo emprendedor, asistir a víctimas de trata y apoyar sectores productivos clave.
El FONDCE, por ejemplo, fue señalado por la SIGEN por falta de manuales operativos y debilidades en la gestión de inversiones y recupero, pero en lugar de subsanar estas fallas, el Ejecutivo optó por su eliminación. Algo similar ocurre con el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, cuya gestión deficiente en los últimos años evidenció demoras en auditorías y recuperación de fondos en mora, lo que el Gobierno utilizó como argumento para justificar su cierre.
La eliminación del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata fue particularmente cuestionada por organizaciones sociales debido a que, en lugar de fortalecer este instrumento esencial para combatir la trata de personas, el Gobierno decidió cerrarlo. El PROINE y el PROICSA, enfocados en sectores estratégicos y en el desarrollo regional, también fueron desmantelados bajo argumentos de falta de actividad reciente.
La medida generó fuertes críticas, ya que, según especialistas, refleja una visión libertaria que prioriza el desmantelamiento de estructuras públicas en lugar de reformarlas para corregir sus falencias. “Esto no es eficiencia, es abandono”, señalaron desde sectores de la oposición, mientras alertan sobre la ausencia de políticas alternativas para cubrir los vacíos que dejarán estos fondos.
