La histórica empresa metalúrgica IMPSA fue vendida a un consorcio vinculado al presidente estadounidense, desatando preocupaciones sobre la pérdida de control sobre sectores estratégicos y el futuro económico del país bajo el gobierno de Javier Milei.
La privatización de IMPSA, una histórica empresa metalúrgica argentina, marca el primer gran movimiento económico de la gestión de Javier Milei. El Gobierno decidió preadjudicar sus acciones al consorcio internacional IAF, cuyo principal socio es Arc Energy, una empresa vinculada a figuras políticas de peso en Estados Unidos, como Donald Trump. Esta decisión generó una serie de interrogantes y preocupaciones, tanto a nivel económico como político, y parece ser solo el comienzo de una serie de privatizaciones impulsadas por la administración libertaria, cuyas implicancias lucen desalentadoras.
IMPSA, fundada en 1907, fue un pilar en la fabricación de turbinas, grúas y equipos de alta tecnología para sectores clave como la metalurgia y la generación de energía. La empresa mantuvo una relación estrecha con el Estado argentino, pero la actual administración de Milei optó por vender las acciones de la firma, con la justificación de alcanzar el déficit cero y reducir la asignación de recursos públicos a empresas privadas. Sin embargo, esta medida plantea serias dudas sobre la capacidad del nuevo dueño para garantizar la continuidad de las operaciones, y las consecuencias para los trabajadores y las políticas nacionales a largo plazo.
El consorcio IAF adquirió el 63,7% de las acciones que controlaba el Estado, con una oferta de 27 millones de dólares, que incluye un pago inicial de 7 millones. La deuda de IMPSA, que asciende a 576 millones de dólares, será renegociada, pero no está claro si los nuevos propietarios podrán cumplir con este compromiso. La venta se produce en un contexto donde la empresa depende de contratos estatales con organismos como YPF y el Ministerio de Defensa, lo que pone en riesgo la relación con el sector público argentino. La decisión de vender IMPSA a un consorcio extranjero, vinculado a la política de Trump, solo añade incertidumbre sobre los intereses estratégicos detrás de esta operación y el futuro de la empresa en manos foráneas.
La conexión con figuras políticas estadounidenses como Donald Trump a través de Arc Energy generó aún más controversia. Jason Arceneaux, presidente de la empresa compradora, fue identificado como un donante a la campaña presidencial de Trump, lo que despierta sospechas sobre los intereses ocultos detrás de esta adquisición. El plan de Arc Energy para IMPSA incluye expandir su presencia en el mercado estadounidense, lo que podría implicar una disminución de la colaboración con el sector público argentino y un debilitamiento de la soberanía nacional sobre una empresa clave en sectores estratégicos como la energía.
Las críticas a la privatización de IMPSA no se hicieron esperar. Diversos sectores opositores cuestionaron que, de las pocas ofertas recibidas, la única provenga de un consorcio extranjero, lo que refuerza la idea de que la privatización de empresas estratégicas se está llevando a cabo sin considerar el impacto económico, social y político para la Argentina. Además, persisten dudas sobre la viabilidad financiera del acuerdo y si la deuda de IMPSA podrá ser efectivamente renegociada bajo las condiciones impuestas por los nuevos accionistas.
Por otro lado, el Gobierno de Mendoza, que posee una parte de las acciones, respaldó la operación, justificándola como una medida necesaria para sanear las finanzas de la empresa. Sin embargo, este respaldo parece estar más orientado a mantener la estabilidad económica local que a una verdadera visión de futuro para IMPSA y los trabajadores que dependen de la compañía.
La privatización de IMPSA marca el inicio de una serie de reformas económicas propuestas por Milei, que incluyen una desregulación del mercado y una reducción del gasto público. Sin embargo, esta primera venta deja en evidencia las tensiones inherentes a su enfoque económico, que favorece los intereses privados y extranjeros, mientras que deja de lado el potencial de las empresas nacionales para contribuir al desarrollo del país. La privatización de IMPSA podría ser solo el primer paso de un proceso que, de avanzar, posiblemente tenga fuertes efectos, perjudiciales para la soberanía y los intereses nacionales.
