Viviana Aguirre, diputada suplente del partido y exfuncionaria del PAMI en La Plata, describió un entramado de presuntas coimas, sobreprecios en contrataciones, cobros indebidos y la exigencia de «retornos» económicos a funcionarios.
En un giro que sacude la interna de La Libertad Avanza (LLA), Viviana Aguirre, diputada suplente del partido y exfuncionaria del PAMI en La Plata, reveló públicamente las graves acusaciones de corrupción que la llevaron a denunciar penalmente a importantes figuras del espacio libertario. Aguirre, quien fue destituida de su cargo en la obra social de los jubilados, señala directamente al principal armador bonaerense del partido, Sebastián Pareja, y a su colaborador Juan Osaba, como responsables de su despido por negarse a encubrir actos ilícitos.
En una entrevista en el canal C5N, Aguirre describió un entramado de presuntas maniobras corruptas que incluirían coimas, sobreprecios en contrataciones, cobros indebidos, la comercialización de candidaturas y la exigencia de «retornos» económicos a funcionarios. La exfuncionaria relató su inicial ilusión al sumarse a la campaña presidencial de Javier Milei, motivada por la promesa de un cambio profundo, pero expresó su profunda decepción al considerar que el Presidente y su entorno «traicionaron a todos» una vez en el poder.
«Nos usó para la campaña y después nos desvinculó de La Libertad Avanza. La casta sigue adentro. Para nosotros es un dolor grande. Es la primera vez que me meto en política. Creía en él y en el cambio pero todo se volvió una corrupción plena«, lamentó Aguirre, quien asegura contar con un importante material probatorio, incluyendo grabaciones de audio y capturas de pantalla, que respaldan sus denuncias presentadas ante el juez federal Alejo Ramos Padilla.
Aguirre ofreció detalles increíbles sobre las presuntas exigencias económicas que recibió al ser designada para un cargo en el PAMI. «Cuando me dicen que voy a ser funcionaria me piden un millón de pesos por mes del sueldo. Antes de empezar a trabajar Juan Osaba me dice que le de un millón de retorno y me dice que tengo que firmar papeles. Le pregunto qué papeles, me reconoce que son algunos papeles ilegales pero me dice que voy a tener regalías, que obviamente era la coima«, reveló.
La exfuncionaria afirmó que, junto a su equipo, simularon aceptar estas condiciones para poder acceder a los cargos e iniciar una investigación interna sobre las presuntas irregularidades dentro del PAMI. En este sentido, apuntó directamente a Sebastián Pareja, a quien describió como «el armador provincial y la mano derecha de Karina Milei», sugiriendo su influencia y presunta intocabilidad dentro de la estructura partidaria. Aguirre sostiene que su despido se produjo como represalia por intentar «cerrar el grifo» de la corrupción dentro del organismo. Además, denunció haber intentado comunicar estas irregularidades al propio Javier Milei, a su hermana Karina y a diversos funcionarios y periodistas, sin obtener respuesta alguna.
Las revelaciones de Aguirre se suman a otras denuncias previas sobre manejos irregulares y designaciones cuestionables dentro del PAMI bajo la gestión libertaria. En Santa Fe, se hicieron públicos nombramientos de candidatos a elecciones provinciales en distintas dependencias del organismo. Asimismo, investigaciones periodísticas han expuesto una estrategia similar a mayor escala en la Ciudad de Buenos Aires, supuestamente orquestada por Pilar Ramírez, jefa de bloque de LLA en la Legislatura porteña y estrecha colaboradora de Karina Milei.
Paralelamente a estas denuncias externas, el propio PAMI emitió la semana pasada un comunicado anunciando una «revisión profunda» con el objetivo de «desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios». En dicho texto, la obra social reconoció la detección de un «uso llamativamente elevado de las vías de excepción» para la adquisición de medicamentos, insumos y tratamientos, un mecanismo que habría sido utilizado para eludir licitaciones y procedimientos formales, generando un terreno fértil para «manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos».
El organismo también informó sobre el inicio de una «investigación interna» y la promesa de sanciones en caso de confirmarse las irregularidades.
Las acusaciones de Viviana Aguirre, sumadas a las investigaciones periodísticas y al propio reconocimiento de irregularidades por parte del PAMI, abren un interrogante sobre la integridad y transparencia de la gestión de La Libertad Avanza en un organismo tan sensible como la obra social de los jubilados, y podrían tener repercusiones significativas en el plano político y judicial.
