Sobrevivientes de la ESMA y familiares de las víctimas alzaron su voz para oponerse enérgicamente a los pedidos de prisión domiciliaria de los represores Adolfo Donda y Alberto González, y de libertad condicional de Jorge Rádice, quienes fueron condenados por múltiples crímenes de lesa humanidad, incluyendo desapariciones, torturas, delitos sexuales y apropiación de bebés.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) fue escenario este miércoles de una audiencia crucial donde la voz de la memoria y la justicia resonó con fuerza. Más de una decena de sobrevivientes del centro clandestino de detención de la ESMA y familiares de víctimas se congregaron en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py para expresar su rotundo rechazo a los pedidos de prisión domiciliaria de los represores Adolfo Donda y Alberto González, y de libertad condicional de Jorge Rádice.
Los tres genocidas acumulan graves condenas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en la ESMA. Adolfo Donda cuenta con dos penas a perpetua y una de 15 años por la entrega de su sobrina, Victoria Donda, para su apropiación. Alberto González también posee dos cadenas perpetuas en las causas ESMA II y ESMA Unificada, sumando una condena de 21 años por delitos sexuales contra detenidas-desaparecidas. Por su parte, Jorge Rádice carga con dos condenas a perpetua y tiene una causa pendiente de juicio por el robo de bienes a sus víctimas.
La audiencia, que comenzó con más de una hora de demora y estuvo a cargo del juez Daniel Obligado, se realizó en el marco de la Ley de Víctimas, que permite consultar la opinión de quienes fueron directamente afectados por los crímenes.
Las voces de sobrevivientes como Miguel Ángel Lauletta, Carlos Loza y Carlos Lordkipanidse, junto a familiares como Graciela Lois, Patricia Walsh, Cristina Muro y su hijo Carlos Miguel Chiappolini y Laura Villaflor, se unieron en un contundente «no» a los beneficios solicitados. Otro grupo de víctimas y familiares, entre ellos Silvia Labayrú, Ana Testa, Virginia Franco Sadi y Daniel Tarnopolsky, participaron por videoconferencia, sumando sus testimonios al rechazo colectivo.
Todos coincidieron en señalar la falta de control que tendrían estos represores bajo prisión domiciliaria o en libertad, y el riesgo y miedo que implica la posibilidad de cruzarse con quienes los secuestraron, torturaron, violaron y desaparecieron a sus seres queridos. También destacaron la ausencia de arrepentimiento por parte de los condenados, su negativa a aportar información sobre el paradero de los cuerpos o de los nietos apropiados, y la existencia de causas pendientes de juicio, lo que aumenta el riesgo de fuga.
Silvia Labayrú, quien fue víctima de abusos por parte de González, expresó: «Fueron condenados a penas gravísimas por las declaraciones de los sobrevivientes en los juicios y van a vivir en las mismas ciudades. Estamos en un serio peligro porque no se han arrepentido de nada y nos odian». Labayrú recordó el horror de ser llevada por González a su domicilio para ser violada, estando allí su hija de apenas un año. «Es imposible que me encuentre en la calle con el señor González, es una aberración», sentenció, exigiendo conocer los domicilios de los represores en caso de concederse los beneficios para poder protegerse.
Graciela Lois, dirigente de Familiares y cuyo marido fue víctima bajo el mando de Donda, sostuvo: «Entiendo que todavía está cometiendo un delito porque nunca habló del destino de los desaparecidos y de los niños apropiados. Nunca se arrepintió y como familiares seguimos sin saber absolutamente nada». Además, reveló que Donda pretende montar una «agencia de seguridad» desde su domicilio, lo que calificó como una aberración: «Volvería a hacer lo que sabe hacer, que es perseguir, vigilar, por esa misma razón me niego a que estén en su domicilio, donde nadie puede controlarlos”.
Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, secuestrado y desaparecido por Rádice, denunció que la obra inédita de su padre fue robada y llevada a una «sucursal de la ESMA» ubicada en una propiedad a nombre del padre de Rádice. «Acá tenemos al genocida y también ladrón que pide la libertad sin que los probados crímenes y las condenas se puedan seguir cumpliendo donde debe ser, en la cárcel«, enfatizó la exdiputada, agregando que la hermana de Rádice, también procesada por despojar de bienes a las víctimas de la ESMA, sería quien lo alojaría. «Otorgarle un beneficio a genocidas como si fuera un perdón merecido que jamás pidieron, por favor no. Ojalá se escuche, ojalá se tenga memoria, ojalá decidan bien, con verdad y justicia”.
La última en intervenir en la sala, Laura Villaflor, hija de Raymundo Villaflor, resaltó que estos represores ya gozan de privilegios al estar en «el Sheraton» de Campo de Mayo, nunca habiendo cumplido su pena en una cárcel común. La familiar más joven aseguró que no espera disculpas: «Semejante salvajismo no se redime con disculpas, nada redime de delitos innombrables de las peores películas de terror».
«Me niego a tratar de humanizar y esperar disculpas o redención de Donda, quien entre tantas imputaciones tiene prisión perpetua por el homicidio de mi viejo después de tenerlo tres días en una sala de torturas sin que pueda salir de ahí», afirmó Villaflor. Concluyó con una contundente reflexión: «Lo que queremos construir es una democracia y no puede construirse en la base de la impunidad y no se puede pensar la democracia sin justicia. Y acá está la base de la discusión. El único lugar para un genocida es la cárcel común”.
El TOF 5 concedió plazo hasta el viernes para que quienes deseen sumen argumentos por escrito en contra de los pedidos de morigeración de la pena. Posteriormente, las opiniones serán transmitidas a las partes involucradas (defensas, querellas y fiscalía) para continuar con el proceso. Además de las voces de las víctimas, el tribunal considerará informes periciales sobre la salud de los condenados, informes socioambientales sobre su conducta y los riesgos asociados a estos beneficios, como una posible fuga.
