Un proyecto de ley presentado por diputados del PRO y La Libertad Avanza propone prohibir el financiamiento público para tratamientos de adecuación de género, lo que genera un fuerte repudio de la comunidad LGTB+ al considerarlo un grave retroceso en derechos humanos.
Los diputados nacionales Gerardo Milman (PRO), junto a Lilia Lemoine y Carlos Zapata (LLA), presentaron un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Identidad de Género (26.743). La iniciativa propone sustituir, modificar e incorporar artículos clave con un objetivo central: prohibir el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales o quirúrgicos de personas que deseen adecuar su apariencia a su identidad autopercibida. Esta restricción no solo afectaría el sistema de salud pública, sino también los programas de obras sociales, el Plan Médico Obligatorio (PMO) y cualquier otra fuente de financiación estatal.
El diputado Milman argumentó que la sanción original de la Ley de Identidad de Género «utilizó al Estado para intervenir, financiar, promover e imponer determinadas concepciones culturales, lingüísticas y médicas que no gozan de consenso social ni científico, y que no debían ser objeto de financiamiento público compulsivo».
La Federación Argentina LGBT (FALGBT) no tardó en repudiar enérgicamente este intento de «desguace» de la Ley 26.743, impulsado por legisladores de La Libertad Avanza. La organización calificó el proyecto como un «retroceso inadmisible en materia de derechos humanos», ya que pretende desmantelar una ley reconocida internacionalmente por su carácter pionero y por garantizar el derecho al libre desarrollo de la identidad de género.
La FALGBT destacó que la iniciativa de Milman, Lemoine y Zapata busca «excluir del sistema de salud pública obras sociales y programas sanitarios» los tratamientos hormonales y quirúrgicos de adecuación corporal, trasladando así el costo íntegro a las personas interesadas. Además, el proyecto pretende prohibir cualquier intervención médica en menores de 18 años, incluso con consentimiento informado, lo que la organización interpreta como una negación del principio de autonomía progresiva y del interés superior del niño.
Otro punto de preocupación señalado por la FALGBT es la intención de restringir los cambios registrales en menores de edad, al exigir el consentimiento unánime de ambos progenitores y la validación de un equipo interdisciplinario, limitando de esta forma el acceso a la identidad legal.
Uno de los artículos que genera especial alarma es la propuesta de eliminar el principio de trato digno, al declarar que el uso del nombre autopercibido en espacios institucionales «será voluntario y no obligatorio». En esa misma línea, el proyecto incorpora un principio de neutralidad estatal que prohibiría al Estado promover contenidos que apunten a reconocer la identidad de género en ámbitos educativos y organismos públicos.
En el ámbito administrativo y legal, el proyecto de los tres diputados oficialistas propone derogar el inciso que obliga al Registro Nacional de Personas a informar los cambios en los documentos, lo que, según la Federación, «debilita la articulación institucional y el reconocimiento transversal de la identidad».
Asimismo, la FALGBT resalta que la iniciativa limita el acceso gratuito a los trámites registrales, estableciendo que solo serán gratuitos en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Finalmente, el proyecto busca eliminar beneficios, subsidios, campañas y cupos que promueven la inclusión de las personas travestis y trans.
«La Ley de Identidad de Género fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación. Y es fruto de décadas de lucha del movimiento LGBT+. Constituye una herramienta fundamental para la inclusión, la dignidad y la reparación histórica de las personas travestis y trans», manifestaron desde la Federación, concluyendo con una categórica declaración: «No permitiremos retrocesos. La identidad no se negocia, se respeta».
