La informalidad laboral se consolida como un flagelo estructural en Argentina, afectando al 42% de los trabajadores y profundizando la precarización en un escenario de desempleo creciente y salarios a la baja. Cifras alarmantes revelan la urgente necesidad de políticas que impulsen el empleo formal y digno.
El mercado laboral argentino enfrenta desafíos estructurales de gran magnitud, donde el aumento del desempleo y la caída del salario se entrelazan con una alarmante tasa de informalidad. Cerca de 9 millones de trabajadores, es decir, el 42% de los ocupados, se encuentran sin registro, lo que impacta directamente en sus condiciones laborales, ingresos y acceso a derechos básicos como la seguridad social.
De un total de 21.1 millones de personas ocupadas, 8.8 millones trabajan en la informalidad. Dentro de este universo, 5.5 millones son asalariados sin aportes y 3.3 millones son trabajadores independientes no inscriptos, según el último informe de Argendata.
La probabilidad de encontrarse en la informalidad varía drásticamente según el tipo de ocupación. Entre los asalariados, el 36% no está registrado, mientras que esta cifra se eleva al 57% para los trabajadores independientes. Curiosamente, la informalidad alcanza al 62% de los cuentapropistas, pero desciende a menos del 20% entre los patrones, quienes son dueños de pequeñas empresas.
Ciertas actividades concentran los mayores niveles de trabajo informal. Rubros como el agro, la gastronomía, el servicio doméstico y la construcción superan el 60% de informalidad. En contraste, sectores como el petróleo, la minería o las finanzas presentan cifras casi inexistentes, por debajo del 15%.
En cuanto a la distinción entre sectores, la informalidad en el ámbito público es de las más bajas, con menos del 10%, mientras que en el sector privado roza el 50%, aunque con marcadas diferencias internas por rama de actividad.
Geográficamente, el Norte Grande muestra los niveles más elevados de informalidad asalariada. En Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los trabajadores carece de aportes. En el otro extremo, las provincias patagónicas y la Ciudad de Buenos Aires registran los índices más bajos. Por ejemplo, Tierra del Fuego y Santa Cruztienen cifras inferiores al 20%. Esta desigualdad se vincula directamente con el desarrollo económico y la estructura productiva de cada región.
Las provincias del norte, con un bajo PBI per cápita, tienen pocas empresas por habitante y una alta concentración en actividades agrícolas, mientras que la Patagonia se caracteriza por la fuerte presencia de grandes industrias que emplean de manera formal y exigen lo mismo a sus proveedores.
La informalidad asalariada en Argentina ha experimentado un preocupante repunte. En 1986, era del 27%, alcanzando casi el 50% en 2003. Tras una recuperación económica y el fortalecimiento de las instituciones laborales, descendió al 32% en 2015. Sin embargo, desde ese año, la curva volvió a ser ascendente y actualmente ronda el 36%.
Este incremento se explica, principalmente, por el estancamiento económico. El empleo asalariado formal apenas creció desde 2011, mientras que el empleo informal y los trabajos no asalariados se expandieron incluso en contextos de crisis. Un dato relevante es que por cada 1% de crecimiento del PBI, el empleo formal en empresas solo sube un 0.7%, lo que se traduce en aproximadamente 50,000 puestos.
Entre 2011 y 2024, la informalidad en Argentina subió dos puntos, una tendencia que contrasta con la de varios países de la región donde disminuyó. Esto demuestra que el crecimiento económico, si bien es necesario, no es suficiente para reducir la informalidad. La calidad de ese crecimiento, los sectores que lo impulsan y la fortaleza de las instituciones laborales son determinantes para garantizar empleos formales y con derechos.
Argentina, con un 36% de informalidad asalariada, se sitúa por debajo del promedio regional (43%), pero muy por encima de países como Uruguay (10%) y Chile (15%). Incluso Brasil, con un menor ingreso per cápita, presenta una tasa más baja (24%). Esto subraya que la informalidad no depende únicamente del nivel de desarrollo, sino también de factores como la presión tributaria sobre el trabajo, la normativa laboral y la calidad del crecimiento económico. Perú, por ejemplo, incrementó su informalidad en la última década a pesar de un crecimiento del 20% en su PBI per cápita, lo que ejemplifica esta complejidad.
