Las Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU advirtieron al Estado argentino sobre la «violación sistemática de libertades fundamentales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos» a raíz del «protocolo antipiquetes» de Patricia Bullrich. Organizaciones de derechos humanos locales documentaron la represión y la criminalización de manifestantes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una contundente advertencia a Argentina, señalando una “violación sistemática de libertades fundamentales y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos”. Las observaciones internacionales, que datan de diciembre de 2023, se intensificaron tras la implementación del controversial “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El monitoreo y registro de la violencia estatal fue exhaustivamente documentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Ambas organizaciones de control han recopilado pruebas detalladas de la represión durante la protesta social y la criminalización de manifestantes a través de detenciones arbitrarias.
El informe de la ONU destaca que la implementación del «protocolo antipiquetes» (Resolución 943/2023) y las reformas legales regresivas impulsadas por La Libertad Avanza (LLA) han afectado directamente los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lesionando los lineamientos en materia de Derechos Humanos.
“Naciones Unidas observó los discursos hostiles emitidos por funcionarios de alto rango institucional en Argentina contra organizaciones de la sociedad civil y personas que organizan movilizaciones pacíficas para reclamar sus derechos“, afirmó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM.
La ONU solicitó al Estado argentino revisar y adecuar el marco legal del “protocolo antipiquetes”, así como investigar, identificar y sancionar a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de graves delitos de violencia estatal durante las protestas.
Cipriano detalló que el informe señala una afectación al “pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos”, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a reunirse con fines útiles para el bien común, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso y a la independencia judicial.
La preocupación de la ONU se fundamenta en más de sesenta monitoreos realizados durante 2024 y lo que va de 2025 por la CPM y el CNPT. Estos organismos fueron cruciales para registrar y documentar a nivel internacional los «terribles hechos de violencia estatal» en las protestas sociales en Argentina.
“Sobre todo remarca –la ONU– las lesiones contra personas que integran los grupos más vulnerables, como ser, los jubilados y niños brutalmente golpeados por personal policial”, señaló el secretario ejecutivo. Asimismo, se refirió a las detenciones arbitrarias, destacando que ya habían sido documentadas en las diez denuncias penales presentadas por la CPM contra las fuerzas de seguridad federales. El protocolo antipiquetes ha implicado una brutalidad policial desmedida al sumar a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a la intervención en movilizaciones sociales, algo que, según la ONU, no corresponde.
El organismo internacional también enfatizó que no son permisibles las detenciones arbitrarias ni el uso permanente de armas, que han dejado cientos de personas heridas, incluyendo niños, periodistas, trabajadores de la salud y defensores de Derechos Humanos que realizaban tareas de control y monitoreo en las movilizaciones.
Finalmente, Cipriano concluyó que el informe de la ONU “muestra gran preocupación por el hostigamiento del Gobierno Nacional hacia los jueces que intervienen en estas detenciones policiales arbitrarias, es algo inconstitucional que rompe con la división de poderes y su independencia”.
El nuevo informe de la CPM sobre represión estatal durante la protesta social fue presentado este martes por la tarde en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ubicada en Belgrano 2527, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este trabajo documenta un aumento exacerbado de personas detenidas y heridas durante la protesta social en el primer semestre de 2025 en comparación con el año pasado.
