El ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, presentó un amparo contra el decreto que disuelve el organismo. Argumentando su inconstitucionalidad, la acción judicial busca frenar la “motosierra vial” y seguir el camino de Vialidad Nacional, cuya liquidación ya fue suspendida por la Justicia.
La disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), decretada por el gobierno nacional a través del decreto 461/2025, enfrenta ahora un recurso de amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director ejecutivo del organismo. La acción judicial busca frenar la «motosierra vial» y reestablecer la agencia, argumentando que su cierre es ilegítimo y violatorio de los principios constitucionales.
En su presentación, Martínez Carignano sostiene que las facultades delegadas al presidente Javier Milei por la Ley N.º 27.742 no le otorgan el poder para disolver la ANSV. El ex titular del organismo afirmó que la entidad está excluida del ámbito de aplicación de dicha ley por ser un ente del inciso c) del artículo 8 de la Ley N.º 24.156. Por ello, solicitó que cualquier acto administrativo dirigido a suprimir, fusionar o transformar la ANSV sea declarado “manifiestamente ilegítimo”.
La presentación judicial pide, además, la declaración de inconstitucionalidad del decreto 461/2025 y solicita una medida cautelar de no innovar, lo que en la práctica suspendería cualquier acción del Poder Ejecutivo sobre el organismo. La demanda está dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), Martínez Carignano fue tajante en su crítica a la decisión del gobierno: “Presenté un recurso de amparo para frenar la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decretada por el gobierno de Milei en una decisión criminal que costará vidas”.
En su posteo, el exfuncionario defendió la labor de la ANSV: “La ANSV redujo un 30% las muertes por siniestros viales desde su creación. Coordinó políticas federales con las 23 provincias. Fue reconocida por la OMS y el Banco Mundial. Eliminarla es desmantelar una política pública que salvó miles de vidas”.
“Cuando fui Director recorrí el país, trabajé con todas las provincias y escuché a las familias que convirtieron su dolor en lucha por la Seguridad Vial. No me voy a quedar callado. Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre”, concluyó.
Esta acción judicial se suma al reciente antecedente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), otro de los organismos que el decreto 461/2025 intentó disolver. Hace diez días, la Justicia frenó “por seis meses” el intento de liquidar Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, ordenó al Estado Nacional «abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del Decreto» 461/2025.
Con la presentación de Martínez Carignano, se abre una nueva batalla legal en el ámbito de la justicia federal, con la esperanza de que la ANSV corra la misma suerte que la DNV y pueda garantizar su supervivencia. El amparo busca proteger no solo el funcionamiento del organismo, sino también una política de Estado que, según el denunciante, ha demostrado ser efectiva en la reducción de muertes en las rutas.
