Organizaciones y familiares de personas con discapacidad que estaban manifestando pacíficamente por la ley vetada denunciaron la militarización de la protesta, con un operativo de seguridad desproporcionado.
Ayer, frente al Congreso, personas con discapacidad, familias y prestadores se concentraron para manifestarse contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El operativo de seguridad desplegado por la Policía Federal y Gendarmería fue calificado de desproporcionado por los manifestantes, que señalaron que el despliegue incluyó vallas, cordones y empujones incluso contra personas en silla de ruedas.
Los referentes del sector alertaron sobre una situación crítica debido a los recortes en pensiones, las demoras en la autorización de tratamientos y el congelamiento de aranceles. Fernanda Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA, explicó que la pensión por invalidez laboral se mantiene en torno a los $270.000, a lo que se suma un bono que eleva el total a poco más de $300.000. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta realizar nuevos recortes que afectarían a cientos de beneficiarios. Además, una maestra de integración cobra alrededor de $3.000 la hora, con retrasos de hasta seis meses para percibir sus pagos. Para muchos, 2025 representa el año con mayores dificultades para sostener las prestaciones y terapias.
Durante el mediodía, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes, generando tensión y obligando a varias personas a retirarse. “No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía”, sostuvo Abalde, coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad afectada por los recortes. Una jubilada que participó en la marcha contó que tuvo que suspender la compra de remedios por su elevado costo y que debe hacer varios ajustes en su casa para poder seguir cuidando a su hija. “Los precios son muy altos y no damos más”, expresó.
La ley vetada por Milei, que establece la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, supone un avance importante para el sector. Propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud a través de la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. Además, reforma el otorgamiento de pensiones no contributivas, asigna fondos específicos para asegurar el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día, y reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
La protesta tuvo un alcance federal y también se replicó con fuerza en Córdoba, donde desde la Plaza San Martín familias, prestadores, transportistas y profesionales se unieron para reclamar la aprobación de la ley. Virginia Els, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis), destacó la masiva participación y la inédita unidad entre los actores del sector frente a los recortes y cierres de instituciones. “El veto incrementó el reclamo. Ahora buscamos que los diputados escuchen y vuelvan a votar la ley con el apoyo necesario”, explicó.
Los manifestantes en Córdoba alertaron que el sistema está en una etapa crítica, con instituciones que están cerrando y prestaciones cada vez más difíciles de sostener. El malestar generalizado se centra en la falta de actualización de aranceles y la agresividad de las auditorías, que afectan a prestadores y familias por igual.
