El Supremo Tribunal de Brasil impuso 27 años y tres meses de prisión a Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022. Cuatro jueces votaron a favor y uno en contra, mientras la condena genera reacciones internacionales, incluida la de Donald Trump.
El Supremo Tribunal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión tras los votos de cuatro de los cinco jueces que integran la máxima autoridad judicial del país. La sentencia se enmarca en la investigación sobre el intento de golpe de Estado después de que Bolsonaro perdiera frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
La decisión profundiza la división política en Brasil y provocó la reacción inmediata del gobierno de Estados Unidos. El expresidente estadounidense Donald Trump calificó el fallo como sorprendente y comparó la situación con lo que él mismo enfrentó, señalando que se trata de una “caza de brujas”.
Bolsonaro, de 70 años, permanece actualmente bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal. Sus abogados anunciaron que apelarían la condena ante el pleno del Tribunal Supremo, compuesto por 11 jueces.
A pesar de estar inhabilitado para cargos públicos hasta 2030, Bolsonaro sigue siendo una figura influyente. Se espera que designe un heredero político para competir en las próximas elecciones presidenciales frente a Lula.
Por cuatro votos contra uno, Bolsonaro fue condenado junto con otros siete acusados por participar en un plan para socavar las instituciones republicanas tras las elecciones de 2022. Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.
El juez Cristiano Zanin, presidente del panel, concluyó que los acusados formaban parte de una organización criminal para mantener el poder, afirmando que pretendieron quebrar el Estado Democrático de Derecho e involucraron deliberadamente a las Fuerzas Armadas en sus planes.
La ministra Cármen Lúcia destacó que los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro irrumpieron en el Congreso y el Palacio de Planalto, no fueron incidentes aislados, sino parte de una “empresa criminal” planificada para socavar la democracia.
Asimismo, recordó que la Ley 14.197/21, que tipifica los crímenes contra la democracia, fue legítima y utilizada por la Procuraduría General de la República (PGR) para fundamentar la acusación contra Bolsonaro y sus colaboradores.
El fallo evidencia que el grupo liderado por Bolsonaro, incluyendo miembros del gobierno, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, implementó un plan sistemático para atacar las instituciones democráticas y obstaculizar la alternancia legítima del poder tras las elecciones de 2022.
