La presidenta advirtió sobre un plan para manipular los resultados de las elecciones generales y ordenó investigaciones inmediatas.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó una «conspiración criminal» destinada a «provocar un golpe electoral» tras la denuncia presentada por el fiscal general, Johel Zelaya, sobre un supuesto intento de alterar los comicios del 30 de noviembre. Castro señaló que los mismos grupos que «violaron la Constitución en el golpe de 2009 y consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017» estarían intentando «nuevamente suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular».
«Condeno con absoluta firmeza esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral, tal como lo ha expresado el fiscal general de la República», afirmó Castro en X. Según los audios difundidos por Zelaya, existiría «una asociación ilícita» que involucraría a una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado y un militar activo con el objetivo de «alterar la voluntad popular del pueblo, imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial».
Las grabaciones atribuidas a la consejera del CNE, Cossette López, y al diputado Tomás Zambrano, ambos del opositor Partido Nacional, habrían sido presentadas por el consejero Marlon Ochoa del partido gobernante Libre. En los audios, López señala que ciertas instituciones del CNE declararían que «las elecciones no fueron regulares» y sugiere «utilicemos a la gente de la embajada y los organismos internacionales. Lo importante es que se anuncie que va ganando Salvador Nasralla y no, por favor, Rixi Moncada». Tanto López como Zambrano aseguran que sus voces fueron manipuladas mediante inteligencia artificial, mientras que el fiscal sostiene que los audios «son auténticos, guardan relación y están bajo nuestra custodia».
Castro ordenó al Ejército investigar «de inmediato la participación de cualquier militar activo» en el supuesto plan y solicitó al ministro de Exteriores que denuncie ante la comunidad internacional esta «amenaza directa contra la democracia hondureña». Más de seis millones de ciudadanos están convocados a votar para presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
