Las casas de estudio exigen que la norma promulgada el 21 de octubre se aplique con presupuesto; denuncian que ya les adeudan un 44% de aumento y convocan a parar desde el miércoles.
Las universidades nacionales confirmaron un paro de 72 horas a partir del miércoles en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento, que el Congreso aprobó por segunda vez y que la Casa Rosada promulgó el 21 de octubre, pero sin asignarle fondos. Los sindicatos y federaciones docentes sostienen que la falta de presupuesto transforma una norma aprobada en letra muerta y profundiza el vaciamiento de la universidad pública.
Dirigentes estudiantiles y gremiales reclamaron además movilizar las luchas contra las políticas que, a su juicio, afectan la educación pública y los derechos laborales. Pilar Barbas, de la Federación Universitaria Argentina (FUA), pidió sumar fuerzas con otros sectores y recordó que tras vetos previos el Gobierno optó por no aplicar leyes clave, por ejemplo la Ley de Discapacidad. Por su parte, Ileana Celoto, de la AGD–UBA, advirtió que «nos deben un 44% de aumento; ya es una deuda, no un reclamo», y subrayó que los salarios no fueron recompuestos frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Los gremios alertan que la precariedad salarial provoca una crisis en el personal universitario: hay pedidos de reducción de dedicaciones, equipos de trabajo que se están vaciando y remuneraciones que, en muchos casos, quedan por debajo de la línea de pobreza. En ese marco, exigen que el Ejecutivo financie la ley sin dilaciones para garantizar la continuidad de las tareas académicas y preservar la calidad de la enseñanza pública.
