Más de 30 organizaciones denuncian recortes, demoras en la entrega de medicación y la desarticulación del área estatal responsable, mientras alertan que la crisis económica agrava la adherencia a los tratamientos y expone a miles de personas.
La crisis económica golpea con particular dureza a mujeres y familias que viven con VIH, que ven cómo el ajuste reduce su capacidad de sostener controles, tratamientos y hasta traslados básicos. Activistas de redes provinciales advierten que el deterioro del acceso a la salud ya se traduce en consultas tardías, cuadros respiratorios agravados y barreras económicas que obligan a elegir entre cuidar a los hijos o atenderse ellas mismas. En la previa del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, el mensaje de los colectivos es nítido: “sin presupuesto no hay respuesta”.
La Asamblea Nacional del Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis —que reúne a más de 30 organizaciones— señala que las dificultades se profundizaron desde el despido del 70% del personal técnico de la Dirección Nacional del área y los sucesivos recambios que dejaron al organismo prácticamente acéfalo. En ese marco aparecieron tratamientos fraccionados, cambios forzados de medicación, demoras de obras sociales y fallas de provisión que afectan incluso a PAMI, uno de los sistemas más masivos del país. Para quienes trabajan en territorio, cada interrupción pone en riesgo años de construcción de adherencia, clave para sostener la carga viral indetectable.
Referentes del activismo remarcan que la adherencia no se limita a tomar una pastilla diaria. Incluye vivienda, alimentación, salud mental, trabajo y transporte, condiciones que se deterioraron de manera acelerada en los últimos meses. El ajuste, aseguran, golpea de lleno en todas esas dimensiones. La precarización económica expone a miles de personas a interrupciones que pueden multiplicar contagios y complicaciones clínicas evitables. Por eso crece la alarma en organizaciones que dedican décadas a sostener la respuesta comunitaria.
En el trasfondo, sobrevuelan señales políticas previas: durante el debate parlamentario de la Ley 27.675, en 2022, Javier Milei se pronunció en contra y calificó este tipo de normativas como un “agrandamiento del Estado”. Activistas recuerdan aquellos discursos porque hoy temen un retroceso aún mayor. Frente a la combinación de ausencia presupuestaria, desarticulación estatal y crisis social, sostienen que la respuesta al VIH podría entrar en una fase de retroceso histórico si no aparecen medidas urgentes.
