Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dejó sin efecto, de manera cautelar, el decreto que suspendía la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La Justicia federal ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de forma inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió los efectos del decreto 759/2025, que había condicionado su implementación. La decisión fue adoptada este martes por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo.
La presentación fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras entidades del sistema universitario, que cuestionaron la validez del decreto que frenó la actualización de salarios docentes y la recomposición automática de becas estudiantiles prevista en la norma.
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo que supeditaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según el fallo, esa condición resulta incompatible con el procedimiento constitucional vigente tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
De acuerdo a la resolución, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta instancia preliminar, como una conducta arbitraria y contraria al orden constitucional, al no admitir una “variante suspensiva” para una ley ya promulgada.
La cautelar ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición de las becas estudiantiles. La medida tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Cormick advirtió que el incumplimiento del deber normativo genera perjuicios graves de difícil o imposible reparación, especialmente por la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.
El juez sostuvo que la situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos, y rechazó el argumento del interés público fiscal invocado por el Gobierno.
En ese sentido, señaló que el impacto presupuestario de la medida tendría una incidencia limitada, estimada en alrededor del 0,23% del PBI, mientras que el deterioro salarial afecta directamente el derecho a enseñar y aprender.
Además, el fallo cuestionó que el Ejecutivo intente condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior, lo que podría vulnerar el principio de división de poderes.
La resolución aclaró que la medida se dicta en una etapa preliminar del proceso y no adelanta opinión sobre el fondo de la cuestión, aunque consideró acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario.
