Investigadores de la UBA y el Conicet elaboraron un relevamiento interactivo que expone el avance de la propiedad extranjera sobre suelos estratégicos. Hay 36 departamentos que ya superan el límite legal y cuatro donde la extranjerización supera el 50%, en zonas clave por el agua y los minerales.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet elaboró un mapa interactivo de la extranjerización de tierras en Argentina que muestra que casi 13 millones de hectáreas —alrededor del 5% del territorio nacional— pertenecen a propietarios extranjeros. El trabajo cobra especial relevancia en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei impulsa la derogación de la Ley de Tierras, la única norma que pone un límite a ese proceso.
El relevamiento, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública, revela que si bien el tope del 15% por provincia fijado por la ley se cumple en términos generales, la situación cambia al analizar distritos y municipios. Allí aparecen 36 departamentos que ya exceden el límite permitido, con casos extremos como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. Se trata, en todos los casos, de zonas con recursos estratégicos, como agua dulce, minerales críticos o ubicación en áreas de frontera.
“El mapa muestra que el freno legal funciona, pero apenas”, explicó el historiador Matías Oberlin, uno de los responsables del proyecto. Según detalló, los puntos más críticos se concentran en territorios con bienes escasos y alto valor económico, como acuíferos, litio o tierras con conflictos sociales persistentes. En departamentos como Cushamen, en Chubut, ya hay cientos de miles de hectáreas extranjerizadas, incluso en áreas protegidas o recientemente afectadas por incendios.
El informe también identifica a los Estados Unidos como el principal origen de los capitales extranjeros, con más de 2,7 millones de hectáreas, una superficie mayor que la provincia de Tucumán. Le siguen inversores italianos y españoles, con casos emblemáticos como el del grupo Benetton en la Patagonia. Para los investigadores, derogar la Ley de Tierras habilitaría una expansión sin restricciones sobre territorios clave para la soberanía alimentaria, hídrica y energética, y trasladaría decisiones estratégicas fuera del control del Estado argentino.
