Pablo Molero, titular del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuestionó el diagnóstico social de Milei y alertó sobre las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos. Diputados aprobó un régimen permanente para el sector, pero todavía falta definir su financiamiento en el Senado.
“El Papa se va a encontrar con un país muy empobrecido, por más que el Presidente diga lo contrario”, afirmó el sacerdote Pablo Molero, referente de las organizaciones de personas con discapacidad, al cuestionar el diagnóstico económico del Gobierno. En la Argentina que podría visitar León XIV, advirtió, las dificultades para sostener tratamientos, conseguir medicamentos y garantizar prestaciones forman parte de la vida cotidiana de miles de familias.
Las declaraciones se conocieron después de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto para establecer un régimen permanente de discapacidad. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones y ahora deberá pasar por el Senado. Aunque el texto incorporó modificaciones reclamadas por las organizaciones del sector, sigue pendiente una cuestión central: que existan recursos suficientes para garantizar su aplicación.
Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, consideró que la media sanción representa un avance, pero remarcó que la emergencia continúa. “Una cosa es lo que se dice y otra cosa es que estén los recursos”, señaló. El sacerdote advirtió que el reconocimiento formal de derechos no alcanza si las personas no pueden acceder a los servicios que necesitan.
El proyecto contempla la continuidad de las pensiones no contributivas, la compatibilidad del beneficio con determinados ingresos laborales, la actualización de los aranceles de las prestaciones y la cobertura de Incluir Salud. También prevé mecanismos para regularizar deudas con prestadores. Su tratamiento se dio en medio de la discusión por el Presupuesto 2027 y de las objeciones de las organizaciones a las modificaciones que el Gobierno había incluido en su propuesta.
Prestaciones sin garantías de financiamiento
El problema, según Molero, excede las dificultades económicas de las instituciones y los profesionales que trabajan con personas con discapacidad. También afecta directamente a las familias que deben sostener tratamientos, conseguir medicamentos y afrontar los costos de la atención. El sacerdote cuestionó las trabas para acceder a determinados fármacos y los problemas financieros de algunas obras sociales.
“Acá estamos preocupados por un sector que era atendido, pero hay mucha gente sin atender”, advirtió. La frase expone una dimensión que, según planteó, suele quedar relegada en la discusión presupuestaria: además de garantizar la continuidad de las prestaciones existentes, es necesario atender a quienes hoy no consiguen acceder al sistema.
Molero también señaló que la discapacidad no puede reducirse a una discusión sobre pensiones o partidas presupuestarias. Las barreras de accesibilidad, las dificultades para utilizar el transporte y los obstáculos para recibir atención sanitaria condicionan el ejercicio efectivo de derechos. Por eso, insistió en que las medidas aprobadas por el Congreso deben traducirse en respuestas concretas.
El país que verá León XIV
Al referirse a la situación social, el sacerdote contrapuso las dificultades cotidianas de la población con el discurso presidencial sobre la marcha de la economía. Para Molero, una eventual mejora de determinados indicadores no refleja necesariamente las condiciones de vida de todas las familias.
Como ejemplo, mencionó a quienes viven en zonas vulnerables y siguen expuestos a las inundaciones. La pobreza, sostuvo, no puede evaluarse únicamente a partir de cifras generales si persisten situaciones de precariedad que afectan las condiciones básicas de vida.
“Me interesa lo que vive la gente hoy, no lo que el Papa se va a encontrar”, concluyó Molero. Su advertencia combina la crítica al diagnóstico social de Milei con un reclamo concreto para el sector de la discapacidad: que la discusión política y legislativa tenga un correlato presupuestario capaz de sostener las prestaciones y ampliar el acceso a la atención.
