A una década de su detención, la dirigente jujeña sigue privada de la libertad por una trama de causas judiciales armadas, decisiones políticas y violaciones sistemáticas al debido proceso. El gobierno de Milei ahora busca desconocer las medidas de la CIDH que ordenaron proteger su salud.
El 16 de enero se cumplen diez años de la detención de Milagro Sala, un hecho que inauguró en la Argentina contemporánea una modalidad abierta de persecución política a una dirigente social. Desde entonces, su encarcelamiento se sostuvo mediante un encadenamiento de causas, resoluciones judiciales y presiones del poder político que impidieron, una y otra vez, su liberación, incluso cuando existieron órdenes expresas en ese sentido.
Sala fue arrestada en Jujuy durante el inicio del gobierno de Gerardo Morales, tras encabezar un acampe de organizaciones sociales que reclamaban diálogo por el reempadronamiento de cooperativas. Cuando la Justicia ordenó su liberación, aparecieron nuevas causas diseñadas para mantenerla presa. El expediente conocido como “Pibes Villeros” derivó en una condena por asociación ilícita, defraudación y extorsión, en un proceso atravesado por irregularidades: restricciones a la defensa, falta de peritajes sobre las obras cuestionadas y una interpretación expansiva del derecho penal.
Con el paso de los años, las condenas se acumularon hasta conformar una pena unificada de 15 años. En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino al considerar que la dirigente atravesaba una situación de extrema gravedad y ordenó sustituir la prisión en cárcel por arresto domiciliario. Esa decisión nunca fue aceptada de buena fe por el poder político y judicial jujeño, que impulsó maniobras constantes para revertirla o vaciarla de contenido.
Hoy, con prisión domiciliaria en La Plata y un estado de salud deteriorado tras años de encierro, Sala alcanza los dos tercios de la condena, lo que habilita el pedido de libertad condicional. Su defensa ya trabaja en esa solicitud, aunque advierte que el escenario es adverso: ninguno de los integrantes de la Tupac Amaru accedió a ese derecho, aun cumpliendo los requisitos legales. En paralelo, el gobierno de Javier Milei avanzó ante organismos internacionales para dejar sin efecto las medidas de protección dictadas por la CIDH.
El caso de Milagro Sala no es una anomalía judicial ni un exceso aislado: es una política sostenida de castigo y disciplinamiento, que atraviesa gobiernos y se apoya en un aparato judicial dispuesto a legitimar la persecución. Como en otros procesos de criminalización del campo popular, el objetivo fue destruir una experiencia de organización territorial y convertir a su principal referente en un mensaje ejemplificador. Diez años después, el Estado sigue eligiendo mantenerla presa.
