El anunció se dio poco antes de que la Defensoría del Pueblo confirmara una nueva víctima en el sur del país, elevando el total a 49.
El órgano legislativo se comprometió a crear esta comisión con el objetivo de esclarecer las responsabilidades políticas por las muertes registradas en la nación andina durante las últimas semanas de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. El anunció se dio poco antes de que la Defensoría del Pueblo confirmara una nueva víctima en el sur del país, elevando el total a 49.
71 de los 130 congresistas de Perú optaron por crear una comisión que se encargue de investigar las muertes producidas por violencia policial de las últimas semanas contra las manifestaciones que se oponen el gobierno de Dina Boluarte. Un gesto que ha contado con el apoyo de los partidos de oposición a la mandataria y que pretende arrojar luz sobre la situación que vive desde hace semanas la nación andina.
El objetivo es que esta comisión evalúe si hay responsabilidades políticas y penales detrás de estas muertes, la mayoría de ella producida por la dura respuesta de la policía contra manifestantes jóvenes en el sur del país.
Se opusieron a su creación los partidos más conservadores de la bancada parlamentaria, como el fujimorista Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, las formaciones que apoyan a Dina Boluarte y su gobierno después de que sucediera a Pedro Castillo en el poder tras lo que denunciaron como un intento de “autogolpe” de Estado.
La noticia se da en un día en el que la Defensoría del Pueblo confirmó la víctima número 49 en las protestas. La víctima sería una chica de 16 años que falleció tras ser disparada por un proyectil balístico en la ciudad de Juliaca, perteneciente a la región de Puno, una de las que más protestas ha registrado contra Boluarte.
De esa manera, hasta el momento, 41 manifestantes han muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de un policía, mientras que otras siete personas perdieron la vida «por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo», según los datos del organismo.
Datos graves que se suman a los registrados por la policía, que confirma que 17 de sus agentes están ingresados por enfrentamientos con los manifestantes, algunos de ellos ingresados de extrema gravedad.
La Defensoría ha instado en varias ocasiones a que se investiguen violaciones a los derechos humanos en las zonas donde se han producido los asesinatos.
Las protestas siguen en el sur del país
Mientras tanto las situaciones de enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes han seguido en las regiones del sur, aquella donde existe un mayor apoyo a Pedro Castillo y rechazo a Dina Boluarte y los partidos conservadores.
Las últimas informaciones confirmaron el cierre del aeropuerto de la ciudad de Cuzco, uno de los focos turísticos del país debido a que es la ciudad más cercana a las ruinas de Macchu Picchu, debido a que existe un riesgo real de que los manifestantes se tomen el aeropuerto. Esta decisión está golpeando a uno de los principales motores de la economía peruana, como es el turismo.
El anuncio se oficializó un día después que un manifestante falleciera en Cuzco, luego de una jornada de protestas concentrada en las inmediaciones del aeropuerto local.
En varios puntos del país, los manifestantes han intentado ocupar las instalaciones aeroportuarias, provocando el cierre de algunas de ellas, como es el caso de la ciudad de Juliaca.
Las manifestaciones en Perú comenzaron el 7 de diciembre pasado, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia del país tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo y, tras una tregua navideña, volvieron a sentirse, sobre todo en el sur del país, a partir del 4 de enero.
Las movilizaciones vivieron su jornada más mortífera el último lunes, cuando los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas el orden en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca dejaron un saldo de 17 muertos.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y una asamblea constituyente, entre otros reclamos. Algo que la nueva presidenta ha rechaza en reiteradas ocasiones, ya que mantiene que el llamado a elecciones será para 2024.
Lo vivido en las últimas semanas es la expresión más violenta de la crisis política que vive Perú desde hace años agravada por la constante crispación política y el cambio constante de gobiernos.
FUENTE: France 24
