Un informe televisivo expuso supuestas maniobras vinculadas a contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación apunta a un sistema de proveedores seleccionados y posibles pagos indebidos canalizados a través de facturación de servicios.
Un informe del programa Telenueve Denuncia, conducido por Tomás Méndez, difundió nuevos elementos sobre un presunto esquema de irregularidades en contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la investigación, algunas empresas proveedoras habrían accedido a contratos mediante un sistema de “lista corta”, que restringía la participación en los procesos de compra.
De acuerdo con el informe, el mecanismo incluía la emisión de facturas por servicios o productos que no se habrían concretado, utilizadas para justificar pagos vinculados a gestiones para acceder a contrataciones. En ese esquema aparece mencionado el empresario Miguel Ángel Calvete, quien se encuentra procesado en la causa.
Entre los elementos difundidos se incluyen audios y documentación que darían cuenta de la emisión de facturas a través de empresas vinculadas a Calvete. Según el testimonio de un exejecutivo presentado en el programa, esas operaciones no correspondían a ventas reales, sino a pagos asociados a gestiones para ingresar como proveedor del organismo.
El informe también señala la utilización de mecanismos de contratación directa o abreviada, bajo el argumento de la urgencia, lo que habría limitado la competencia entre oferentes. En ese contexto, un grupo reducido de empresas habría sido convocado de manera recurrente para participar de las compras.
Otro de los puntos mencionados es la posible existencia de coordinación entre proveedores, que habrían presentado ofertas sin competir entre sí, alternando adjudicaciones. Según la investigación, algunas de estas operaciones habrían incluido sobreprecios significativos.
Además, se difundieron registros que vincularían a funcionarios del organismo con el seguimiento de pagos y la administración de contrataciones. Estos elementos, según el informe, formarían parte de la hipótesis judicial en curso sobre posibles irregularidades en la gestión de compras.
La causa se encuentra en etapa de investigación y analiza presuntas maniobras de defraudación a la administración pública, en un expediente que continúa incorporando pruebas y testimonios.
