El Ejecutivo fijó un plazo de 48 horas para que los rectores informen cómo sostendrán la actividad académica en medio del paro. Gremios y estudiantes rechazan la medida y preparan una movilización para el 12 de mayo.
En medio de una nueva semana de conflicto en el sistema universitario, el Gobierno nacional avanzó con una exigencia directa a las casas de estudio para que aseguren el dictado de clases. A través de comunicaciones oficiales, pidió a los rectores que adopten medidas para sostener la actividad, incluso mediante esquemas alternativos, y advirtió que evaluará el flujo de fondos en función del cumplimiento de esos objetivos.
La intimación fue formalizada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que otorgó un plazo de 48 horas para la presentación de informes detallados. El documento plantea la necesidad de garantizar el funcionamiento de las instituciones en el marco del paro docente y no docente, y deja abierta la posibilidad de revisar la asignación y ejecución presupuestaria ante eventuales incumplimientos. En paralelo, desde el Ejecutivo expresaron preocupación por la interrupción del calendario académico y apuntaron a los gremios por el impacto en los estudiantes.
La respuesta desde el ámbito universitario no tardó en llegar. Organizaciones gremiales y estudiantiles cuestionaron la medida y la interpretaron como una forma de presión en medio de la discusión por el financiamiento del sector. Mientras tanto, la conflictividad se traslada a la calle: el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con federaciones estudiantiles y sindicatos, convocó a una nueva Marcha Federal para el 12 de mayo, con el objetivo de reclamar por los recursos y la recomposición salarial.
