Docentes, no docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales confluirán este martes en Plaza de Mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria. El reclamo apunta al deterioro salarial, el desfinanciamiento de las casas de estudio y la negativa del Gobierno a aplicar la ley votada por el Congreso.
Las universidades nacionales volverán a movilizarse este martes en una jornada que los gremios ya anticipan como una de las mayores protestas contra el gobierno de Javier Milei. La convocatoria reunirá a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y rectores, pero también sumará el respaldo de la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, jubilados y colectivos vinculados a la discapacidad. El acto central será en Plaza de Mayo, donde confluirán las columnas llegadas desde distintos puntos del país.
El conflicto universitario, que ya había protagonizado las masivas marchas de abril y octubre de 2024, atraviesa ahora un escenario todavía más crítico. Los sindicatos denuncian que desde la asunción de Milei los salarios perdieron más de un 34 por ciento de su poder adquisitivo, mientras que en algunos sectores docentes el deterioro real alcanza el 54 por ciento debido al congelamiento de la garantía salarial. A eso se suma la caída del presupuesto universitario, que impacta sobre becas, infraestructura, investigación científica y hospitales universitarios.
La protesta también incorpora un fuerte componente político e institucional. Las organizaciones cuestionan que el Gobierno continúe sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso luego del rechazo al veto presidencial. Distintos sectores académicos y sindicales consideran que la decisión oficial de no ejecutar la norma representa un hecho sin antecedentes y denuncian un desacato frente a las resoluciones judiciales que ordenaron cumplirla.
En las universidades sostienen que el deterioro salarial ya empujó a miles de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Según informes gremiales y del CEPA, cinco de las siete categorías no docentes cobran salarios inferiores a la Canasta Básica Total y gran parte de los docentes con dedicación simple no alcanza siquiera a cubrir el umbral de indigencia. El cuadro se agravó por el congelamiento de la garantía salarial, fijada desde hace más de un año en montos que quedaron completamente licuados por la inflación.
Durante las últimas semanas, el conflicto escaló también en el terreno judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo habilitó la llegada del caso a la Corte Suprema luego de que el Gobierno apelara la cautelar que lo obliga a ejecutar la ley. Sin embargo, los gremios aseguran que tanto la norma como el fallo siguen vigentes y remarcan que no existe impedimento legal para transferir los fondos reclamados por las universidades.
Desde el Frente Sindical Universitario afirman que la marcha buscará desbordar el reclamo estrictamente educativo y convertirse en un canal de expresión más amplio contra las políticas oficiales. “Se van a juntar todas las broncas y malestares del pueblo argentino”, advirtió Clara Chevalier, de Conadu, mientras que otros dirigentes señalaron que la movilización puede superar incluso las históricas convocatorias de 2024. En el oficialismo, en cambio, temen que una nueva demostración masiva de rechazo profundice el desgaste político del Gobierno en uno de sus momentos más delicados.
