El proceso busca que la Justicia reconozca como delitos de lesa humanidad los fusilamientos perpetrados por la Policía Bonaerense en junio de 1956. Declaró uno de los sobrevivientes y familiares de las víctimas reclamaron reparación histórica.
A pocos días de cumplirse siete décadas de la Masacre de José León Suárez, comenzó en San Martín el denominado «Juicio por la Verdad», una instancia judicial impulsada por familiares y organismos de derechos humanos para que los asesinatos cometidos durante la dictadura de la Revolución Libertadora sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad. La primera audiencia se realizó en el Auditorio Hugo del Carril, a metros de los monumentos que recuerdan a las víctimas de aquellos fusilamientos ocurridos entre el 9 y el 10 de junio de 1956.
Durante la jornada se conoció el testimonio de Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes de la masacre y hoy de 94 años, quien declaró por escrito desde Estados Unidos. Su relato fue leído por la jueza Alicia Vence. Livraga recordó cómo los policías abrieron fuego contra el grupo de detenidos en los basurales de José León Suárez y relató que escuchó a los uniformados rematar a algunas de las víctimas que aún mostraban signos de vida. «Pude salvarme», señaló en su declaración.
También brindaron testimonio familiares de los asesinados, entre ellos Delia Garibotti y Berta Carranza, quienes reclamaron que la Justicia avance en el reconocimiento histórico de los hechos. Las víctimas fatales fueron Mario Brión, Nicolás Carranza, Carlos Lizaso, Francisco Garibotti y Vicente Rodríguez, mientras que otros siete hombres lograron sobrevivir a la ejecución ilegal. Los familiares insistieron en la necesidad de que la masacre sea incorporada a la enseñanza escolar para preservar la memoria de lo ocurrido.
La causa cuenta con la participación de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín, que impulsó durante años la realización de este proceso. Sus integrantes toman como antecedente el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, que concluyó en 2022 con el reconocimiento judicial de los hechos como delitos de lesa humanidad. En este caso, los responsables directos ya fallecieron, por lo que el objetivo es establecer oficialmente la verdad histórica y el carácter de los crímenes cometidos por el Estado.
Los fusilamientos de José León Suárez fueron una de las expresiones más brutales de la represión desatada tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Las audiencias continuarán durante los próximos días y buscan reparar, siete décadas después, una deuda histórica con las víctimas y sus familias.
