Investigadores, docentes, estudiantes y trabajadores del sistema científico se movilizan este miércoles en una jornada federal de protesta. La inversión en Ciencia y Tecnología cayó a su nivel más bajo desde que existen registros y la proyección para 2026 ubica el financiamiento en apenas el 0,154% del PBI.
La comunidad científica y universitaria volverá este miércoles a las calles para reclamar contra el desfinanciamiento del sector. Desde las 16, investigadores, docentes, estudiantes, trabajadores de organismos científicos y organizaciones gremiales se concentrarán en el Obelisco y en distintos puntos del país bajo la consigna “¡Me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina!”. La jornada coincidirá con un paro universitario nacional.
La protesta se produce en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento el Gobierno mantiene sin efectivizar pese a su aprobación en el Congreso y a los sucesivos reclamos judiciales. Una reciente decisión de la Justicia confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con artículos centrales de la norma mientras continúa la discusión de fondo.
Pero el reclamo excede a las universidades. Los datos sobre el sistema científico muestran un deterioro profundo de la inversión pública durante los últimos tres años. Según el último informe del grupo Economía Política Ciencia (EPC), del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto Nacional acumulará en 2026 una pérdida real de 45,7 puntos respecto de 2023, con una caída del 9,2% solamente durante este año.
La inversión en ciencia, en mínimos históricos
El indicador más contundente aparece cuando se compara el presupuesto científico con el tamaño de la economía. La Función Ciencia y Tecnología llegó a representar el 0,354% del PBI en 2014, su máximo histórico. En 1976, durante la última dictadura, había alcanzado el 0,194%.
En 2025 cayó al 0,173% del PBI, el valor más bajo de toda la serie presupuestaria iniciada en 1972. Para 2026, la proyección elaborada a partir de la ejecución presupuestaria ubica el indicador todavía más abajo, en torno al 0,154% del PBI. Si se consideran únicamente los programas genuinamente vinculados con Ciencia y Tecnología, el porcentaje sería incluso menor, de aproximadamente 0,148%.
La cifra también contrasta con la pauta establecida por la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecía que en 2026 la inversión debía alcanzar el 0,520% del PBI. La proyección actual representa apenas algo más del 29% de ese objetivo.
Para Nicolás Lavagnino, director del grupo EPC, el retroceso implica un “deterioro masivo” de la inversión pública, que continúa siendo la principal fuente de financiamiento de la ciencia argentina, y genera un condicionamiento estructural para el desarrollo futuro del sector.
El ajuste alcanza a todo el sistema
El recorte no se concentra en un único organismo. Uno de los casos más extremos es el de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que perdió el 87,8% de su presupuesto en términos reales durante los últimos tres años. El impacto se tradujo en la pérdida de becas y en la interrupción o reducción de proyectos de investigación y desarrollo.
También se profundizó el retroceso del área que anteriormente tenía rango de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su transformación en una subsecretaría dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología estuvo acompañada por una caída del 85,3% en la ejecución presupuestaria real entre 2023 y 2026.
Para este año, además, se proyecta una nueva reducción del 32,4% interanual en el presupuesto genuino de la Secretaría. El resultado es un sistema que enfrenta dificultades para sostener proyectos, incorporar nuevos investigadores y garantizar el recambio generacional.
Fuga de investigadores y organismos en crisis
El impacto del ajuste presupuestario excede los números de las cuentas públicas. Desde el sector científico denuncian pérdida de puestos de trabajo, caída de salarios, interrupción de investigaciones y dificultades para acceder a insumos y equipamiento.
Entre los organismos afectados aparecen el CONICET, la CONAE, la CNEA, el INTA y el INTI, con situaciones diferentes pero atravesadas por la reducción del financiamiento estatal.
Las organizaciones científicas también cuestionan el rumbo adoptado en áreas estratégicas. En el sector nuclear, por ejemplo, señalan el abandono del proyecto CAREM y una creciente participación de iniciativas privadas y capitales extranjeros. En organismos como INTA e INTI, advierten sobre el riesgo de transferencia de capacidades, funciones y recursos públicos hacia el sector privado.
El secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, definió la situación como “la peor crisis de la democracia” para el sistema científico y tecnológico y cuestionó un modelo que, según sostuvo, combina recortes presupuestarios, despidos, pérdida salarial y paralización de proyectos.
Este miércoles, la protesta volverá a reunir a científicos, universitarios y trabajadores frente al Obelisco. La consigna de la jornada apunta a sintetizar el reclamo: defender la ciencia pública como una política de Estado y como una herramienta para el desarrollo, la soberanía tecnológica y el futuro del país.
