Una denuncia judicial reveló que el 73,8% de los fondos del Sistema Vial Integrado no fue destinado a su finalidad específica. Más de $1 billón permanecía colocado en instrumentos financieros al 31 de mayo. También se detectaron giros a provincias durante semanas de votaciones clave para el oficialismo.
El manejo de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles quedó en el centro de una nueva controversia que combina denuncias judiciales, inversiones financieras y obras públicas paralizadas. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación por el presunto desvío de recursos que, según la normativa, deben destinarse al mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional.
Según la documentación incorporada a la presentación, durante los últimos dos años y medio el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) recibió $1,503 billones, pero apenas $394.406 millones fueron ejecutados para el objetivo previsto. Esto representa una subejecución del 73,8%. Al 31 de mayo de 2026, más de $1,001 billones se encontraban colocados en inversiones financieras, principalmente plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en cuentas bancarias.
La denuncia apunta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios de esa cartera, de Vialidad y del Banco Nación, al que identifica como fiduciario del fideicomiso. Tolosa Paz pidió que se investigue si en el manejo de los recursos se configuraron delitos como malversación agravada de caudales públicos, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El caso tomó mayor dimensión después de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que parte de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles era utilizada por el Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal. Esa explicación es cuestionada por la denuncia, que sostiene que se trata de fondos con una asignación específica que deben utilizarse para obras y mantenimiento vial.
La situación tiene un correlato concreto en la obra pública. Entre los proyectos mencionados en la presentación aparecen las transformaciones en autovía de la Ruta Nacional 5, entre Mercedes y la Variante Suipacha, y de la Ruta Nacional 3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs. Ambas cuentan parcialmente con financiamiento internacional de la CAF y requieren una contraparte nacional. Sin embargo, una auditoría correspondiente a 2024 registró un 0% de ejecución de esos aportes locales pese a la existencia de recursos dentro del SISVIAL.
En el tramo Mercedes–Variante Suipacha de la Ruta 5, el avance físico llegaba apenas al 16,89% en mayo de 2026, mientras que la ejecución financiera era del 11,36%. En la Ruta 3, entre San Miguel del Monte y Gorchs, el avance físico alcanzaba el 26,95%. La denuncia sostiene que la contradicción resulta evidente: existen obras contratadas y créditos internacionales destinados a infraestructura mientras los fondos nacionales que deberían financiar la contraparte permanecen colocados en el sistema financiero.
Fondos para rutas que terminaron en provincias
A la discusión sobre las inversiones financieras se suma otra cuestión: una parte de los recursos del fondo vial habría sido girada a provincias en momentos políticamente sensibles para el Gobierno. Según la información difundida sobre el manejo del SISVIAL, más de $33.000 millones fueron transferidos durante semanas en las que el oficialismo necesitaba apoyo de los gobernadores para votaciones clave en el Congreso, entre ellas el tratamiento de la Ley Bases.
El dato cobra relevancia porque el SISVIAL fue creado precisamente para garantizar que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles tuvieran un destino específico. La denuncia plantea que la Justicia deberá reconstruir el recorrido de esos fondos y determinar quién impartió las instrucciones para las distintas colocaciones y transferencias.
También se acumulan fondos para obras hídricas
El problema no se limita a las rutas. Otra parte del Impuesto a los Combustibles tiene asignación para obras hídricas, entre ellas infraestructura destinada a mitigar los efectos de las inundaciones en la cuenca del río Salado.
Entre 2024 y mayo de 2026, el Gobierno recaudó $375.400 millones destinados a obras hídricas, pero ejecutó apenas $116 mil millones, según información oficial citada en la investigación. En junio de 2026, además, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantenía más de $290 mil millones invertidos en Letras del Tesoro y otros $49 mil millones depositados.
Así, mientras se acumulan reclamos por rutas deterioradas y obras hidráulicas demoradas, una parte significativa de los recursos que fueron recaudados específicamente para esas finalidades permanece dentro del circuito financiero.
La Justicia ya ordenó reparar rutas
El deterioro de la infraestructura vial también llegó a los tribunales. En Azul, una demanda presentada por el intendente Nelson Sombra terminó con una orden judicial para que el Estado y la concesionaria intervengan de manera urgente en la Ruta Nacional 3, luego de que se acreditara el grave estado de ese corredor.
La Cámara Federal de Mar del Plata ordenó reparar pozos y sectores críticos, instalar señalización de emergencia y adoptar medidas para reducir los riesgos de circulación. La decisión se apoyó en la situación de un tramo donde se habían registrado 11 siniestros fatales en seis meses.
En Santa Fe ocurrió algo similar. El Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó la reparación urgente de tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López. El fallo describió grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos y concluyó que se habían incumplido los deberes mínimos de mantenimiento y conservación.
El Gobierno, mientras tanto, enfrenta ahora una denuncia penal que busca determinar qué ocurrió con los fondos que debían financiar esas obras. La discusión ya no gira solamente alrededor del estado de las rutas, sino también alrededor de una pregunta más amplia: qué destino le está dando el Estado a los impuestos que cobra con una finalidad específica.
